El filósofo del metro dice

La impunidad no es por leyes
sino por los ojos vendados

El robo de combustibles, acto de currupción

Roberto Fuentes Vivar*


Ayer el secretario de Energía, José Antonio Meade, y el director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, dieron una conferencia de prensa conjunta para explicar el alarmante nivel del robo de combustibles en el país.
En síntesis dijeron que el valor de los combustibles robados entre enero y abril de este año se calcula en más de 3 mil millones de pesos y su volumen es superior a 20 mil barriles por día. Esto quiere decir que a este ritmo serán 12 mil millones de pesos en este año o algo así como mil millones de dólares.
Indicaron que en los primeros meses de este año se han detectado un total de 556 tomas clandestinas en el sistema nacional de ductos.
Hasta ahí estamos hablando de un asunto de suma gravedad. Sin embargo, la conferencia de prensa conjunta y todos los datos y cifras que ayer se dieron forman parte de un doble discurso del secretario de energía y del director de Petróleos Mexicanos.
Concretamente, el llamado de ayer fue para llamar a los legisladores a aprobar los cambios propuestos por el Ejecutivo al Código Penal Federal en un periodo extraordinario de sesiones. Este llamado, desde luego, después de que Felipe Calderón había hecho lo mismo el día anterior.
¿Por qué digo que se trata de un doble discurso? Por la sencilla razón de que desde hace varios meses Pemex y la Secretaría de Energía tienen pistas de quiénes son los responsables de este despojo que se hace la nación.
Cuando se roban petróleo crudo, no puede tratarse más que de mafias, porque el petróleo crudo necesita refinarse para ser comercializable. Cuando se roban turbosina se requieren nexos con el poder para venderla en los aeropuertos.
Quizá el caso más grave es el del robo de gas Licuado Preferente. Y en este caso el asunto es todavía más alarmante, porque desde marzo pasado, cuando se detecto una toma clandestina en el estado de México, había por lo menos seis pipas de empresas gaseras establecidas que hacían cola para surtirse. Se trata de vehículos de Tomza, SuGas y Gas Nieto. Las investigaciones en este sentido no han arrojado un solo dato de la liga de estas empresas con el robo de combustible. Es decir la impunidad total.
Nada más para explicar al auditorio de que tipo de empresas se trata, vale la pena analizar el caso de Tomza.
Esta empresa de Tomás y Enrique Zaragoza, cuenta con una red internacional de protección, al grado de que en Honduras y Guatemala se ha solicitado la reubicación de sus plantas porque han arrasado con el medio ambiente. El caso es que, por su amistad con los presidentes de esos países y sus relaciones políticas en México, no se ha hecho nada contra ellos.
Aquí en el país, Tomza es una de las seis gaseras que desde hace más de una década tenían que haber salido de San Juanico, pero ahí siguen y hasta Pemex estuvo en negociaciones para privatizar, a su favor, estos ductos. Para colmo, algunas investigaciones ligan a los propietarios de esta empresa con las muertas de Juárez.
El hecho de que pipas de gas de esta empresa gasera fueran detenidas esperando surtirse en una toma clandestina debió haber sido motivo para investigar a sus dueños, pero no sucedió así. Por el contrario, cada día tienen más protección de las autoridades para seguir realizando operaciones ilegales, como las de San Juanico.
Ahora las autoridades piden que se cambien las leyes para aumentar las penas a los culpables. Como dice el filósofo del metro: la impunidad no es cuestión de leyes, sino de ojos vendados.

*Comentario para Radio Educación/17 de junio de 2011