El filósofo del metro dice:

A los amigos justicia y gracia, a 
los demás, ni siquiera las gracias.

Ruiz Esparza y los 
cinismos del silencio

Roberto Fuentes Vivar*

Esta fue una semana en la que muchos de los secretarios de estado estuvieron placeándose, como si quisieran estar en una pasarela política. Ildefonso Guajardo, el de economía, se mostró orgulloso por los resultados de la primera ronda de negociaciones del TLCAN.

José Antonio Meade, el de Hacienda, Enrique de la Madrid, el de turismo, y Aurelio Nuño, el de Educación, fueron predestapados por el senador Emilio Gamboa Patrón, como gallos fuertes para sustituir a Enrique Peña Nieto. Incluso Meade presumió sus logros al registrar la economía del primer semestre un comportamiento mejor al esperado y Nuño se placeó por su reforma educativa.

Pero quizá los que se llevaron el premio cinismo fueron Luis Videgaray, quien ayer realizó una ostentosa ceremonia para develar su retrato que colgará en Palacio Nacional y sobre todo Gerardo Ruiz Esparza, el de Comunicaciones y Transportes, que compareció ante legisladores por el caso Paso Express.

Este último caso, el de Ruiz Esparza, es definitivamente el que puso de relieve el cinismo, la prepotencia y la impunidad que han caracterizado a los funcionarios del actual gobierno, sobre todo a los más cercanos a Enrique Peña Nieto.

Ahí en la comparecencia, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Rocío Nahle,  le recriminó de manera directa  la inconsistencia de su gobierno: "un familiar suyo, muy cercano, tuvo un accidente y la indemnizaron con muchísimo dinero ¿cómo es posible que a la familia de las dos víctimas (las del Paso Expres) se les esté tratando prácticamente con una situación inhumana o insensible? ¿Cuáles son los criterios con los que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalla o emite para poder intervenir en indemnizaciones a terceros cuando esto sucede?".

Posteriormente medios como reforma o Sin Embargo dieron seguimiento a la acusación de la diputada morenista. Publicaron que la indemnización de referencia fue directamente a la suegra de Ruiz Esparza, quien recibió nada menos que 100 millones de pesos. No tengo elementos para decir si realmente ese es el monto de la indemnización a un familiar del secretario de comunicaciones y transportes, pero lo cierto es que el funcionario ha guardado silencio al respecto.

Basándonos en estos 100 millones de pesos, que no han sido oficialmente desmentidos, vale la pena analizar cuál ha sido la política de indemnizaciones del gobierno federal y de las empresas que contrata para hacer obra pública.

En primer lugar, la indemnización para los familiares de las víctimas del Paso Express fue ofrecida como apoyo, por una cantidad no revelada, pero fue tan pequeña que el abogado que los representa, por instrucciones de los familiares decidió declinarla.

Pero también referente al paso exprés, poco después del accidente, muchas de las personas que fueron afectadas por la expropiación de terrenos para la obra realizaron una manifestación con una manta que decía: “Exigimos que se pague por los daños causados por la construcción del Paso Express”. Se quejaron de  sólo le pagaron el 50 por ciento de lo prometido por sus terrenos. “Para el resto, dijeron, no nos han dado fecha de pago”.

Otro caso es el de los ejidatarios de Durango, afectados por la carretera Durango Mazatlán (obra construida por la española Aldesa, al igual que el Paso Express), les ofrecieron ocho mil pesos por hectárea, mientras que los pequeños propietarios los indemnizaron con 200 mil pesos por hectárea y algunos hasta con 500 mil pesos.

En el estado de México, en la carretera Atlacomulco. Atizapán, construida por OHL (la empresa española que presuntamente aportó mil 600 millones de pesos para el PRI en las pasadas elecciones del estado de México y que hace unos días aumentó 20 por ciento el costo del peaje del segundo piso de esa entidad), no les han pagado las indemnizaciones a los campesinos. No hay pago, les dicen.

Otra de las constructoras aliadas a Ruiz Esparza, -En lo que se refiere a Higa (Una de las empresas favoritas de Enrique Peña Nieto, involucrada en el escándalo de los Papeles de Panamá y señalada por la construcción de la Casa Blanca) desalojó con más de 300 policías federales a los habitantes de Xochicuautla para la obra de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. Los desalojados no han recibido ningún tipo de indemnización.

No solo eso, en el caso del Nuevo Aeropuerto de la ciudad de México (en cuyas obras trabaja Aldesa, la empresa española corresponsable del accidente del Paso Express), unos 200 ejidatarios de Chimalhuacán denunciaron el despojo de 450 hectáreas, a través de funcionarios de la SCT quienes ofrecieron a los dueños “gratificaciones por cuidar los terrenos del gobierno” mediante un convenio de “desocuparlos”, a cambio del pago de entre 10 y 65 pesos por metro cuadrado.

Pero eso sí a la familia de Ruiz Esparza le dieron 100 millones de pesos. Eso es el cinismo que ha caracterizado a este sexenio, dice el filósofo del metro: a los amigos justicia y gracia, a los demás ni las gracias.

*Comentario para Radio Educación/ 25 de agosto de 2017