El filósofo del metro dice:

Pobre México, tan cerca de la 

ley pero tan lejos de la justicia 

¿El país camina hacia la militarización?

Roberto Fuentes Vivar*

El fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado martes, mediante el cual se permiten inspecciones policiacas en domicilios y vehículos sin necesidad de una orden judicial, ha sido ampliamente cuestionado por especialistas, principalmente por expertos en el área constitucional.

Resulta que cualquier autoridad policíaca puede entrar en un domicilio por el simple hecho de que haya una investigación y se presuma un delito. Esta situación, desde luego está en contra del artículo 16 de la Constitución que dice textualmente: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”.

El dictamen de la corte obedeció a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, cuando esta comisión conoció el fallo manifestó su preocupación, porque puede propiciar violaciones a derechos y libertades básicas de las personas, sobre todo en contra los grupos más desprotegidos de la población.

En términos generales el problema puede ser una mala interpretación del fallo, pues si una autoridad policiaca presume la existencia de un delito puede afectar los derechos humanos de alguna persona y esto puede ir en contra de jóvenes o adolescentes como dice la CNDH o de los más pobres como dice el constitucionalista José Elías Romero Apis..

Pero una de las cuestiones interesantes es ¿quién fue el ministro que elaboró esa tesis? Fue nada menos que Javier Laynez Potisek, un personaje que fue clave, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto.

Concretamente, cuando en el Senado se discutió la posibilidad de que se convirtiera en ministro, en 2015, varios legisladores cuestionaron su cercanía con el gobierno federal y dudaron que pudiera actuar de manera imparcial e independiente.

Incluso es el autor de una ley sobre el régimen temporal de ocupación de tierras, que permite a las empresas nacionales y trasnacionales petroleras y mineras apropiarse de terrenos ejidales e indígenas,

Ahora que la Corte ha aprobado que se realicen inspecciones policiacas en domicilios sin orden de cateo vale la pena preguntar ¿cuántos indígenas y ejidatarios que se oponen a que sus tierras sean utilizadas para extraer hidrocarburos o minerales podrán ser atemorizados e intimidados aprovechando esta sentencia del máximo tribunal de justicia del país?

El asunto es grave porque este fallo, aunado a la Ley de Seguridad Interior, puede ocasionar que muchas empresas abusen de su poder y logren a través de la fuerza policiaca crear miedo y despojar de sus pocas posesiones a los grupos más vulnerables, como los indígenas y campesinos.

En este sentido, la primera consultora mexicana especializada en gestión social y medioambiental, gmi consulting,  dijo que debe garantizarse el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada de Comunidades Indígenas y campesinas en los proyectos energéticos. Incluso llamó a los candidatos a presidencia a manifestarse al respecto.

En general este falló y la Ley de seguridad Interior forman un coctel mediante el cual la injusticia podría perpetuarse a través de una especie de Estado militar y policiaco. Dice el filósofo del metro: Pobre México, tan cerca de la ley, pero tan lejos de la justicia.

*Comentario para Radio Educación/16 de marzo de 2018