El filósofo del metro dice:

Defender la evasión
también es corrupción

Empresarios y oposición 
a favor de lo indefendible

Roberto Fuentes Vivar*

Hace una semana comentaba aquí que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentaría, en el paquete económico presentado el domingo, buscar nuevas fórmulas para fortalecer los ingresos presupuestarios y sin recurrir al endeudamiento aumentar el presupuesto de egresos a más de seis billones de pesos.

El domingo presentó, en la miscelánea fiscal, una amplia gana de medidas impositivas precisamente para incrementar las contribuciones, entre las que se encuentran aumentar los impuestos especiales a vinos y tabaco y otros productos no necesarios: gravar las plataformas digitales como Uber, Netflix y Spotify, entre otras, y fortalecer las acciones para evitar la evasión y la elusión de impuestos y cancelar definitivamente las condonaciones a las grandes empresas.

Las primeras medidas podrían afectar principalmente a la clase media, sobre todo a los deciles del cuatro al siete de la clasificación del INEGI, pues millones de mexicanos podrían ver afectado su gasto con un aumento de impuestos a productos como el tabaco o las aplicaciones digitales. De hecho, incluso el propio gobierno hace énfasis en muchos documentos relativos al paquete económico en la necesidad de gravar la economía digital.

Pero quizá lo más interesante del paquete económico es la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos. En este sentido, además de las modificaciones en la ley de ingresos y en la miscelánea fiscal, se presentó una iniciativa en el Senado de la República para considerar delito grave el uso de facturas falas y la operación de empresas fantasmas.

De hecho se planea considerar como delincuencia organizada algunos delitos fiscales, los cuales según las propuestas de Morena en el Senado, atentan contra la seguridad nacional.

Inmediatamente los partidos de oposición se opusieron a considerar delincuencia organizada a la emisión de facturas y las empresas fantasmas. Partidos como el PRI y el PAN manifestaron su indignación ante esta medida.

La iniciativa privada también protestó y el presidente del Consejo coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pidió que no se aprobara la iniciativa. Incluso la Confederación Patronal de la República Mexicana (la Coparmex) la consideró como un acto de “terrorismo fiscal”.

Y pregunto aquí abiertamente ¿es terrorismo fiscal que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales y terminen se eliminen prácticas delictivas como la emisión de facturas falsas o la existencia de empresas fantasmas?

Cuando en enero de este año comenzó la guerra contra el huachicol, millones de mexicanos quedamos asombrados de la forma en que una actividad ilegal había penetrado en la sociedad, incluyendo a empresas transnacionales y a pueblos enteros que vivían (o aún viven) de robar combustible.

Ahora que el gobierno va en contra de las empresas fantasmas y de las facturas apócrifas, sucede lo mismo ¿hasta dónde se ha infiltrado este ilícito en la economía nacional? Seguramente hasta muy adentro y por eso la iniciativa privada y partidos como el PRI y Acción Nacional se manifiestan en contra y acusan al gobierno de “terrorismo fiscal”.

La iniciativa ya comenzó a sufrir cambio y de acuerdo con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, para proteger a empresarios honestos la iniciativa será que se considere delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño al erario sea de casi ocho millones de pesos.

Nada más para poner en contexto, lo que significa la evasión fiscal, en un primer reporte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), detecto a 8 mil 204 empresas que de 2017 a mediados de 2019 emitieron entre 8 y 9 millones de facturas de operaciones falsas por el total de un billón 600 mil millones de pesos, lo que representa una defraudación fiscal de 354 mil millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Si a esta cifra se le suman las condonaciones fiscales a grandes empresas que representan alrededor de 700 mil millones de pesos, la recaudación por estas dos medidas (cancelación de perdones y gravar las operaciones con facturas falsas) se podrían obtener, siendo muy optimistas, casi un billón de pesos para el año entrante.

¿Por qué la iniciativa privada y los partidos de oposición se niegan a considerar el daño al erario como crimen organizado y hasta calificación su persecución como terrorismo fiscal? ¿Porque están acostumbrados a delinquir como parte de su operación cotidiana? ¿Cuánto de la economía nacional está coludida en estos delitos?

Las respuestas seguramente se darán el año entrante. Por lo pronto, hasta el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, dijo a La Jornada, hace unos días, que en lo que va de la actual administración se han detectado más de 700 millones de pesos en operaciones simuladas, con la participación de funcionarios públicos y bancarios y consideró que la emisión se facturas falsas es ya “un deporte nacional”. Dice el filósofo del metro: Defender la evasión también es corrupción.

*Comentario para Radio Educación/13 de septiembre de 2019