El filósofo del metro dice

No hay mejor abogado que
un juez bien sobornado

Ratificación y suspensión de
jueces, privilegio de mafias

Roberto Fuentes Vivar*

Esta semana, el Consejo de la Judicatura se puso la soga al cuello en dos asuntos de los cuales será difícil que salga bien librado. Primero, ratificó al juez del caso Presunto Culpable y al día siguiente, quizá para lavar culpas, suspendió a otro juez para investigar movimientos, en una sola cuenta bancaria, por 432 millones de pesos en sólo dos años.
La historia reciente de la justicia en México es por decir lo menos, una de las más negras y complicadas que puedan registrarse y lo mismo hay mafias de jueces que intrincados movimientos seudolegales y cadenas de favores que casi siempre actúan en beneficio de los poderosos. Déjenme contarles brevemente una historia: el mismo juez de presunto culpable, Héctor Palomares Medina, no solo cometió las tropelías que todos le vimos hacer en la pantalla, sino que hay otras que permanecen no tan visibles. Y aún así fue ratificado.
Resulta que hace unos meses Alberto Torrado, dueño en México y parte de América Latina de Starbucks, Dominnos Pizza, Pizza Kitchen y China Bistro, entre oros negocios, prometió comprar la cadena Italiannis, a sus propietarios, la familia Cachúa.
Al poco tiempo Torrado se desistió e inició una serie de acciones para querer pagar menos y que la familia Cachúa casi-casi le regalara la cadena Italiannis. Con base en amenazas, cañonazos de dos millones de pesos a jueces –que por cierto tengo documentados-y demás acciones supuestamente legales, la compra de jueces llegó a tal grado que este juez, el mismo de Presunto Culpable, dictó orden de aprehensión contra la familia Cachúa por el inexistente delito de fraude procesal en pandilla. Todo, con la idea de que Alsea adquiera Italiannis a precio de regalo. Es decir que los acusadores se convirtieron en acusados por orden de un juez.
No conformes con amedrentar a los Cachúa con la orden de aprehensión, ahora Alberto Torrado ha contratado al despacho de Salvador Rocha Díaz, a quien muchos consideran el jefe de una mafia de abogados, pues como ministro de la Suprema Corte y luego como senador tuvo a su cargo el nombramiento de jueces y magistrados. A este nivel se mueve la justicia en México.
Pero en fin, el caso es que el Consejo de la Judicatura no sólo ratificó al juez Palomares de Presunto Culpable y del amedrentamiento, a través de una orden a aprehensión a los dueños de Italiannis, sino que al darse cuenta del error inmediatamente trató de desviar la atención hacia otro juez, Álvaro Tovilla León, quien fue el que causó el escándalo de desacato de Andrés Manuel López Obrador por el predio El Encino y quien ayer fue suspendido para investigar lo que sucede en el juzgado a su cargo.
Nada más para ver la corrupción que existe, resulta que en una cuenta del secretario de ese juzgado, hubo movimientos por 432 millones de pesos en dos años. En este caso pueden estar involucrados muchos personajes claves de la impartición de la justicia, como son los abogados del despacho del exrector de la Escuela Libre de Derecho, Mario Becerra y algunos miembros de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
El caso de corrupción va a dar para mucho, pues la secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República han iniciado pesquisas.
Sin embargo, el hecho de que haya sido ratificado el juez de presunto culpable y suspendido el juez del desafuero de López Obrador, parece ser que beneficia a un grupo sobre otro. Es decir que privilegia a una mafia que funciona a través de una cadena de favores. Como dice el filósofo del metro: No hay mejor abogado que un juez bien sobornado.

*Comentario para Radio Educación/1 de julio de 2011