El filósofo del metro dice:

Lo que no cura el 
tiempo, se agrava

Huachicoleros y privatización
posible de ductos de Pemex

Roberto Fuentes Vivar*

Lo que sucedió en los últimos días en la localidad de Palmarito Tochapan, en el municipio de Palmar de Bravo en Puebla, cuando huachicoleros, apoyados por la comunidad, protagonizaron algo así como la verdadera batalla de Puebla, al enfrentarse al Ejército, con un saldo de 10 muertos, tiene muchas lecturas tanto económicas como políticas.

Pero antes de analizar esas vertientes vale la pena hacer un breve recuento cronológico de esa región conocida como la franja del huachicol o el triángulo rojo.

El 13 de marzo se anunció que el Ejército intensificaría la vigilancia en la zona de los huchicoleros. Así se hizo y casi inmediatamente se presentaron una docena de detenciones.

Dos semanas después, el 28 de marzo, vino la primera llamada de atención para las autoridades y las fuerzas armadas, pues habitantes de esa zona comenzaron atacaron y voltearon un autobús militar.

Ayer y anteayer se presentaron los hechos que ya son conocidos. Un enfrentamiento en el cual los huachicoleros o chupaductos pusieron a niños como escudo para protegerse del ataque militar y posteriormente se registró la refriega en la que murieron cuatro elementos del ejército y seis miembros de la comunidad.

Ha habido ya enfrentamientos en Hidalgo, Tlaxcala, Sinaloa y otros lugares. Incluso en Tlaxcala vale la pena señalar que en San Pablo del Monte fueron detenidos recientemente algunos huachicoleros. Esa comunidad es conocida por ser el centro neurálgico de la trata de blancas a nivel nacional y con nexos internacionales.

Hasta el momento, las autoridades han detectado ya varias zonas de saqueo de ductos y hasta en su informe anual Petróleos Mexicanos calcula en 30 mil millones de pesos las perdidas por esta actividad ilícita. Dentro de las zonas se encuentra desde luego la región en donde se presentó el enfrentamiento de ayer, que abarca además de Puebla los estados de Hidalgo y Tlaxcala. En la zona noroeste del país hay zonas de saqueo en Sinaloa, en el noreste está Tamaulipas y en el Bajío, hay regiones ya detectadas en Jalisco y Guanajuato.

Para poder entender este saqueo hay que señalar que Pemex cuenta con red de ductos en el territorio nacional de 17 mil kilómetros, de 48 oleoductos, 78 gasoductos, 11 gasolinoductos y cuatro oleogasoductos. Por los propios recortes en la operación de Pemex, es imposible vigilar todas estas instalaciones.

Incluso, dentro de los afanes modernizadores de Pemex, se ha presentado la posibilidad de privatizar algunos de ellos, concretamente por ejemplo, el gasoducto que sirve para surtir a las empresas gaseras que surten a la ciudad de México y que pasa por San Juan Ixhuatepec, población de triste recuerdo por las explosiones de hace casi tres décadas.

En el caso del robo de gasolinas, que precisamente es el que se presenta en El Palmarito, la venta ilegal se hace de manera directa del producto robado en por lo menos ocho municipios poblanos, algunos de Hidalgo y de Tlaxcala. Incluso la venta se hace a la vista de las autoridades locales, como en Salvado Huixcolotla, en donde se expende gasolina a siete u ocho pesos el litro en un tianguis que se ubica a unas cuadras de la oficina del presidente municipal.

En el caso del robo del gas LP, hay suficientes pruebas de que en muchas ocasiones son las mismas empresas gaseras las que succionan los gasoductos y posteriormente llevan el producto a los clientes, en una operación legalizada.

Como decía al principio hay muchas lecturas de lo sucedió en días pasados:

1.- Es que la sociedad está  dispuesta a apoyar a los huachicoleros. Por dos razones, Una que el robo de ductos genera un movimiento económico que de otra manera no se tendría en la región. La segunda es que los consumidores pueden obtener gasolina a precios más bajos, sobre todo después del gasolinazo de enero pasado.

2.- Hay elementos suficientes para asegurar que el huachicoleo es una actividad que está inmersa en una red de corrupción que puede abarcar a funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanas, de las oficinas de seguridad y hasta de las entidades en donde se presenta.

3.-También existen suficientes datos para sugerir que el huachicoleo está ligado a otras redes de actividades ilícitas, como el narcotráfico en las zonas del norte del país o la trata de blancas.

4.-Existen también indicios de que dentro de las redes de corrupción se encuentran algunas empresas privadas que se benefician de la succión en los ductos, como se ha comprobado en el caso de las empresas de gas LP.

5.- Hay muchos elementos para poder asegurar que hasta el momento las autoridades involucradas en la lucha contra el huachicoleo no han empleado a fondo ni la tecnología, ni las estrategias de inteligencia de que disponen para combatir a fondo esta actividad.

Con todos los datos que poseen el gobierno federal, las empresas estatales y privadas y los gobiernos estatales, podría realmente frenarse el robo de ductos, en vez de que se convierta en una actividad económica creciente.

De todo surge una pregunta ¿será que las autoridades del máximo nivel pretenden presentar el robo de ductos como una amenaza inmanejable para posteriormente privatizar toda esa red que se construyó con el dinero de todos los mexicanos? Tiempo al tiempo. Dice el filósofo del metro: con el tiempo lo que no se cura, se agrava.

*Comentario para Radio Educaciòn /5 de mayo de 2017