El filosofo del metro dice:
Hoy le funcionaron los tres
patines a la tremenda corte
Histórica decisión de la SCJN
acerca de la publicidad oficial
Roberto Fuentes Vivar*
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitida el miércoles para obligar al Poder Legislativo a elaborar una
ley sobre la publicidad oficial, es una de las decisiones más interesantes de
la historia por muchas razones que involucran aspectos políticos, económicos y
sociales.
Desde el punto de vista político se trata de un
asunto de tal relevancia que involucra a los tres Poderes de la Unión. El poder
Judicial que emitió la sentencia, el Poder legislativo que está obligado a
cumplir esa sentencia y el Poder Ejecutivo que deberá estar obligado a cumplir
la ley promulgada por el Poder Legislativo.
Es decir que un poder le exige a otro que legisle
sobre el tercer poder, lo cual pone a los tres Poderes de la Unión en una
situación difícil y por lo tanto seguramente los diputados pondrán trabas para
elaborar la ley en cuestión con el fin beneficiar al poder ejecutivo, sobre
todo ante las elecciones del año entrante. Hay que aclarar que una decisión de
la Corte es de cumplimiento obligatorio y en este sentido está el caso del
delegado de Venustiano Carranza que fue depuesto precisamente por no acatar una
decisión de la corte.
Otro de los elementos interesantes de la sentencia
es que por primera vez se aborda en los tres poderes de la Unión el caso de las
relaciones entre la Prensa y el Poder. En este sentido que al haber aprobado el
proyecto del juez Arturo Zaldívar, se reconoció que el gobierno de Enrique Peña
Nieto y los gobiernos estatales y municipales, han violado de manera
sistemática las libertades de expresión, prensa e información por la forma en
que se han manejado los recursos publicitarios del gobierno federal.
Concretamente el dictamen aprobado señala que la política de comunicación
social del Estado ha servido para silenciar a los medios, al dotar de amplios
recursos financieros a los medios afines y castigar a los medios incómodos.
En este sentido, de manera indirecta, la Corte
critica la especie de matrimonio que ha existido entre el Poder Ejecutivo y el
duopolio televisivo que ha sido el principal beneficiario de la publicidad oficial
en el periodo al que se refiere la sentencia. Concretamente la Corte señala que
desde hace casi cuatro años, principios de 2014, debió de elaborarse la ley
reglamentaria del artículo 134 de la Constitución para transparentar el gasto
en comunicación social y el Poder Legislativo hizo caso omiso de esta
obligación, por lo que el gobierno federal ha actuado como ha querido.
Un aspecto más de importancia es que es la primera vez
que un asunto promovido por un organismo de la sociedad civil, en este caso la
organización de defensa de periodistas Artículo 19, merece una sentencia
favorable de la Suprema Corte de Justicia, en un sector tan espinoso como los
medios de comunicación.
Desde el punto de vista económico, la sentencia
obliga a transparentar un gasto que tan solo en los primeros años de gobierno
de Enrique Peña Nieto suma alrededor de 40 mil millones de pesos. Y esta cifra
no toma en cuenta todos los gastos publicitarios de los estados y los
municipios. Se puede afirmar que la cifra total es mayor que los daños
calculados por Enrique Peña Nieto tras los sismos de septiembre.
Nada más para dar una idea de lo que significan los
medios en la economía, una de las razones del cambio de año base del INEGI para
medir las cuentas nacionales, fue precisamente el c del peso de los medios en
el Producto Interno Bruto. De hecho el mismo INEGI, en su medición de los
servicios al cierre de julio, señala que este sector creció 7.3 por ciento en
cifras anualizadas, con avances de hasta 51.6 por ciento en la producción de
programas televisivos, pero con una caída de 20.1 por ciento en la edición de
periódicos y revistas, lo que da una idea precisamente de cómo la discrecionalidad
del gasto público en materia de comunicación beneficia a algunos y perjudica a
otros.
En
términos generales se trata de una sentencia histórica, que muy probablemente,
por razones políticas será acatada a medias y no con la profundidad que demandó
la Corte que busca distribuir de manera equitativa y transparente el dinero de
todos los mexicanos. Seguramente los poderes legislativo y Ejecutivo intentarán
seguir apoyando al duopolio televisivo y a los medios afines y coartando la
libertad de prensa a través del gasto público. Pero eso sí, como dice el
filósofo del metro parodeando aquel programa radiofónico: ahora si tremenda
corte puso a rodar sus tres patines.
*Comentario para Radio Educación/17 de noviembre de 2017
0 Comments:
Post a Comment
<< Home