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Friday, February 12, 2021

El filósofo del metro dice:

 Tras muchos años de engaños

¿de qué tamaño son los daños?


Dejaron a CFE y Pemex en la ruina

y subsidiando a grandes empresas


Roberto Fuentes Vivar*


Apenas dos años después de que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, están comenzando a salir a la luz públicos muchos de los detalles  sobre la forma en que los gobierno anteriores dejaron comprometido el futuro de las empresas paraestatales.

En lo policiaco todavía falta mucho por conocer tan sólo del caso Odebrecht y ya vimos hace unos días como el propietario de Altos Hornos de México se ofreció a pagar 200 millones de dólares para resarcir, a medias, los daños ocasionados por la fraudulenta operación de Agronitrogenados.

Pero quizá los daños más graves de la famosa reforma energética aprobada a principios del sexenio Enrique Peña Nieto, fueron expuestos en toda su magnitud ayer, durante el parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica o contrarreforma energética propuesta por el actual gobierno. Sobre ella, prácticamente en su reaparición, el presidente López Obrador dijo que no debería modificársele ni una coma.

Pero vayamos a los datos de ayer. Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el esquema vigente de contratos con los productores independientes de energía representa un daño a la nación que se calcula en 412 mil millones de pesos por subsidios, riesgos cambiarios y de inflación, problemas jurídicos y tarifas crecientes.

De esta cantidad, los subsidios a las productoras independientes son de casi 250 mil millones de pesos y de este monto, por ejemplo, la española Iberdrola se lleva 56 mil 175 millones corresponden exclusivamente a la trasnacional Iberdrola por la operación del parque eólico La Venta, en Oaxaca.

El esquema de privatización eléctrica fue de tal manera grave que en síntesis se hizo un esquema en el cual la CFE les compra la energía que producen y los subsidia de diversas maneras, con cargo a todos los mexicanos, además de que se aprobaron proyectos supuestamente verdes o no contaminantes en los que se ejerció un abuso total contra los propietarios de las tierras en que se instalaron.

Nada más basta ver lo que ha sucedido en Oaxaca, en donde varias empresas (la mayoría transnacionales españolas,  construyeron parques de energía eólica, pagando cifras ridículas a los campesinos afectados. Solo el uno por ciento de sus ganancias, cuando en otros países se cuadruplica la cifra. Esto ha ocasionado graves problemas en la zona del Istmo de Tehuantepec, particularmente en poblaciones zapotecas o huaves.

Pero volviendo al parlamento abierto, varios diputados y directivos de la Comisión federal de Electricdad, señalaron la urgencia de “poner fin al saqueo de un pequeño grupo de particulares, de gángsters que se han hecho intensamente ricos” con los contratos obtenidos al amparo de la reforma energética del sexenio pasado.

Expusieron incluso a estos generadores privados se les paga subsidios aunque no produzcan ni vendan energía a la empresa paraestatal (o empresa productiva del estado, como le denominó a raíz de la reforma energética).

Incluso el director de finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez Aguilar, explicó que no hay libre competencia en el sector eléctrico, sino un monopolio de un grupo muy chiquito de empresas y estimó que sin subsidiar a las grandes empresas extranjeras productoras, de los que llamó este grupúsculo de hampos, las tarifas podrían bajar 20 o 30 por ciento, que equivaldría a una disminución de 140 mil millones de pesos en beneficio del bolsillo del pueblo mexicano.

En síntesis, en el caso de la CFE, la reforma energética subsidió a granes empresas nacionales y extranjeras, para que se tomaran la foto e hicieran campañas de relaciones públicas como generadores de energías limpias.

El caso de Petróleos Mexicanos es todavía más graves, pues se entregó a este gobierno una empresa prácticamente quebrada. Me llamó la atención esta semana que la Fundación de Estudios Financieros presentó un estudio sobre la emepreempresalera del estadio.

En este estudio plantea tres opciones para el Gobierno sobre cómo apoyar a la empresa: 1.- El Apoyo necesario para que no incumpla con sus obligaciones financieras y cubrir las pérdidas de operación. Esto tendría un costo de 2 a 3 puntos del PIB que el Gobierno tendría que financiar en los próximos cinco años. 2) Adicional a cubrir los conceptos anteriores, se da apoyo para mantener un nivel adecuado de inversión. Esto tendría un costo estimado de 4 a 6 puntos del PIB a financiarse los próximos cinco años. c) Reestructuración profunda separando el segmento de exploración del resto de la empresa, con el Gobierno asumiendo el pasivo laboral y parte de la deuda financiera. El costo de este saneamiento sería de entre 10 a 12 puntos del PIB y se tendrían que asumir los pasivos en el corto plazo.

Este grupo privado de analistas, tomando en cuenta estos datos, señala que para una reestructuración y salvamento completo de Pemex, se necesitarían más de dos billones de pesos,

¿Cómo habrán dejado a Pemex  y a la CFE los gobiernos anteriores que ahora necesita un apoyo superior, en pesos y centavos, a lo que perdió la economía mexicana en su conjunto en 2020 por la pandemia?

Dice el filósofo del metro: tras seis años de engaño ¿de qué tamaño son los daños?

*Comentario para Radio Educación/12 de febrero de 2021



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