El filósofo del metro dice:

Masiosare fue advertencia
que se convirtió en verbo



Usan Ejército para reprimir
a los movimientos sociales

Roberto Fuentes Vivar*

En días recientes se han presentado algunos casos que pueden indicar un cambio de actitud del Ejército Mexicano, al pasar de perseguidor del narcotráfico a represor de movimientos sociales y defensor de intereses de empresas extranjeras.

Uno de los casos se presentó el dos de abril, cuando elementos de la secretaría de la defensa nacional destacados en Juchitán detuvieron al luchador social Mariano López Gómez uno de los dirigentes del movimiento en contra de la instalación de proyectos eólicos de empresas extranjeras en el Istmo de Tehuantepec.

Concretamente la detención se realizó cuando la asamblea del pueblo juchiteco tenía programada una reunión de negociación con el gobierno estatal sobre el conflicto del parque eólico Bii Hioxo de la empresa española Gas Natural Fenosa.

Desde el 25 de febrero la Asamblea del Pueblo Juchiteco inició acciones de vigilancia en el camino a Playa Vicente e impedir el paso de maquinaria y obreros. Antes de la detención de López Gómez, ya se había presentado un enfrentamiento entre agentes policiacos y pobladores en el que resultaron heridas unas 10 personas.

El luchador social fue liberado, pero el hecho fue que elementos del ejército ejercen una acción intimidatoria en contra de los opositores a este proyecto y a otro que ejecuta el consorcio Mareña, integrado por FEMSA, la australiana Macquarie Capital y fue iniciado por el consorcio español Preneal..

Para iniciar estos proyectos los indígenas huaves y zapotecos fueron engañados al grado de que sólo se obliga a las empresas extranjeras a pagar menos de 10 pesos mensuales por hectárea despojada a las comunidades principalmente indígenas.

El otro caso fue cuando el 5 de abril elementos del ejército mexicano desalojaron a un grupo de 50 ejidatarios que bloqueaban el acceso a una mina, cerca de Hermosillo, sonora. Los campesinos marcharon a la capital de sonora parta exigir justicia. Y la liberación de 40 campesinos.

En esa ocasión también se utilizó la fuerza de los elementos de la secretaria de la defensa nacional para reprimir un movimiento social y defender los intereses de la empresa canadiense que explota la mina Libertad el ejido San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa.

Según Sergio Acedo Miranda, presidente del comisariado ejidal de San Antonio de la Huerta, los elementos del ejército sitiaron el pueblo. En este caso también los opositores a la mina exigen un pago justo por la explotación de sus tierras. Nada más 60 mil pesos, además de que exigen apoyo de la minera para su comunidad.

Hay varias coincidencias en estos dos casos. Primero que fueron utilizados elementos del ejército para intimidar a movimientos sociales.

Segundo que en ambos casos el ejército se utilizó para defender los interese s de empresas extranjeras.

Tercero, que en los dos asuntos había negociaciones con los respetivos gobiernos estatales de Oaxaca y sonora, y el ejército participo directamente en las acciones que rompieron de hecho las negociaciones.

Cabe señalar que en ambos casos se trata de gobernadores no priistas.

En fin, estos dos casos pueden ser un síntoma de algo más grave, es decir el uso de fuerzas armadas para reprimir movimientos sociales o por lo menos para intimidar a quienes participan en ellos. Como dice el filósofo del metro: Masiosare fue amenaza que se convirtió en verbo.

*Comentario para Radio Educación/12 de abril de 2013