El filósofo del metro dice:

Con estas reformas, estábamos
mejor en la época de la Reforma

Senadores se aprestan a aprobar el gran
atraco nacional a campesinos e indígenas

Roberto Fuentes Vivar*

En estos momentos están reunidos para votar las leyes secundarias de la reforma energética. Todo parece indicar que nuevamente darán un sabadazo, al igual que lo hicieron con las leyes de telecomunicaciones hace unos días.


La aplanadora priista, junto con sus aliados de los partidos verde, nueva alianza y acción nacional se aprestan a cometer el mayor acto de despojo que se ha visto en la historia contemporánea de nuestro país.

No sólo se prevé que se privatice el sector energético para eliminar lo que los neoliberales llaman el monopolio de Pemex y para brindar al capital nacional y extranjero todas las facilidades para que extraigan hidrocarburos del suelo nacional, sino que el despojo irá mucho más allá de lo que pudiera imaginarse.

En síntesis, se declara que la energía será la única prioridad para el suelo mexicano, por lo que otros sectores, como el agropecuario que da de comer a los habitantes de este país, pueden ser declarados de utilidad pública y, por lo tanto, ser expropiados en aras de la modernidad entre comillas.

El problema social y político que pueden ocasionar los despojos de tierra, ahorra llamados ocupación temporal y no expropiaciones, es de tal magnitud que organizaciones campesinas han manifestado su intención casi de levantarse en armas en defensa de la tierra.

Fuera de todo lo que significa la privatización energética, quizá el punto más grave de todos los que se discuten en el senado en estos momentos, es precisamente el de los despojos, expropiaciones u ocupaciones temporales.

Grupos indígenas y campesinos han defendido la tierra a través de la historia. La defendieron a la llegada de los españoles y durante la colonia. La defendieron de los conservadores durante el siglo 19 y la defendieron en el siglo XX.

Casos hay muchos. Están los defensores de la tierra en Atenco, están los zapotecos y huaves del istmo de Tehuantepec que llevan varios años de lucha en contra de los empresarios que han instalado plantas de energía eólica.

Incluso recientemente se han presentado conflictos con los ejidatarios y comuneros afectados por la carretera Durango-Mazatlán y que no fueron indemnizados de manera correcta por lo que han detenido en varias ocasiones el tránsito de esa obra que fue la megaobra del sexenio de Felipe Calderón, aunque inaugurada por Enrique Peña Nieto.

En fin, hay muchos casos de grupos indígenas y campesinos que no han estado de acuerdo con las expropiaciones. Ahora, las nuevas leyes a punto de aprobarse dejan más indefensos a los propietarios de las tierras susceptibles de ser expropiadas.

Una de las propuestas es que se les dote de una cantidad financiera permanente como si fueran socios de las empresas que van a extraer hidrocarburos o energéticos. Pero la historia reciente indica que hay casos en los que se les pagaron 10 pesos mensuales por familia, como es el caso de la empresa Asociados Panamericanos en Baja California.

De ese tamaño es el atraco que ahora los senadores están a punto de legalizar. Como dice el filósofo del metro: con las reformas estábamos mejor en la época de la reforma.

*Comentario para Radio Educación/18 de julio de 2014