El filósofo del metro dice:

Nuevamente, la
reversa también
es un cambio

Ley anticorrupción para
encubrir a los corruptos

Roberto Fuentes Vivar*

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Responsabilidades Administrativas o la Ley Anticorrupción, conocida también con el sobrenombre de Ley de tres de tres. Desde luego se trata de una legislación light o descafeinada, para no atentar contra los sacrosantos valores de los grupos más oscuros y oscurantistas del país.

Quizá lo más importante es que durante todo el proceso salieron a relucir los verdaderos intereses de la corrupción en México, concretamente los de los partidos revolucionario institucional (PRI), del verde ecologista de México y los del empresariado en su conjunto.

Vamos por partes. Esta ley es la primera que fue propuesta por la sociedad, al reunirse para la iniciativa la cantidad de apoyos suficientes para que fuera aceptada por el Poder Legislativo.

En su camino hacia la aprobación, los primeros que se opusieron fueron los representantes del PRI y del Partido Verde que le hicieron modificaciones para que el artículo 29 que obligaba a los servidores públicos a presentar tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses, se convirtiera en un acto de buena voluntad.

Parece ser que a muchos funcionarios públicos no les convenía la transparencia y por ello enviaron a sus representantes en el Poder Legislativo a convertir la ley en un mero trámite administrativo, pero que pudiera seguir encubriendo los verdaderos intereses económicos de secretarios, subsecretarios, directores generales y hasta legisladores.

Pero lo que causa más hilaridad, si no es que coraje, es la doble moral de la iniciativa privada. Durante todo el proceso de discusión el Consejo Coordinador Empresarial y todos sus organismos afiliados (Canacos, concanacos y concamines) mantuvieron una constante presión para que los legisladores aprobaran la ley como había sido enviada por las organizaciones de la sociedad civil.

Análisis del sector privado demostraban como la corrupción es el principal obstáculo para la economía mexicana, al grado de asegurar que de no combatirse estarían en peligro los logros obtenidos por las reformas estructurales.

Pues resulta que precisamente durante el proceso, los legisladores decidieron también incluir a los empresarios en la ley y propusieron agregarle un párrafo en el cual las personas físicas y morales que hacen negocio con el gobierno también deberían ser objeto de  vigilancia y de obligaciones.

En ese momento, la iniciativa privada en su conjunto comenzó a protestar, al grado de que por primera vez en la historia salieron del clóset y tomaron la  calle. Por eso, miembros de la confederación patronal de la república Mexicana, la famosa Coparmex, se apostaron ayer en el Ángel de la Independencia para exigir que los legisladores aprobaran la ley anticorrupción para los funcionarios, pero no para ellos.

Esta doble moral, que recuerda el dicho Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, es precisamente la que encubre los principales hechos de corrupción que se han presentado en lo que va de este sexenio.

Es decir que funcionarios públicos, priistas y empresarios están de acuerdo con una ley anticorrupción, pero siempre y cuando a ellos no se les toque ni con el pétalo de una lupa.

Precisamente los oscuros intereses del empresariado, aunados a los del Partido revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista, son los que encubren, por ejemplo las casotas o casas blancas y los contratos de Grupo Higa de Armando Hinojosa o el escándalo de corrupción de la empresa española OHL.

Como sea, anoche fue aprobada con 228 votos en contra y 209 a favor, la nueva  Ley de Responsabilidades Administrativas, en su versión comedia o farsa, para que todo cambie pero que todo siga igual. Como dice el filósofo del metro: nuevamente la reversa también es un cambio.

 

*Comentario para Radio Educación/ 17 de junio de 2014