El filósofo del metro dice:

En el país del entuerto

no hay nada más cierto

que la corrupción en el puerto

El puerto de Veracruz, con 

cientos de irregularidades

Roberto Fuentes Vivar*

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su extrañeza porque, el 6 de julio de 2018, cuatro días después de que ganara la elección presidencial, el gobierno de Enrique Peña Nieto amplió por 50 años más la concesión del Puerto de Veracruz, para que concluya en 2094.

Y lo que más llamó la atención es que el concesionario es nada menos que Juan Ignacio Fernández Carbajal, hermano de José Antonio “El Diablo” Fernández, dueño de FEMSA, quien designado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) como administrador portuario..

Y aquí vale la pena aclarar que la firma del hermano del Diablo Fernández, no es como representante de FEMSA, sino como funcionario público, en cuya gestión al frente del puerto de Veracruz se registraron muchos de los 198 procedimientos de fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación a esa entidad del gobierno federal y concretamente un daño a la hacienda pública por alrededor de 12 millones de pesos, lo cual es una bicoca si se comparan los millones de pesos que utilizan exdirectivos de FEMSA para su Frente Nacional AntiAmlo.

Pero quizá vale la pena comentar cómo funcionan las administradoras portuarias integrales o APIs. Esta figura fue creada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la idea de que los puertos operaran como una especie de entidades autónomas que no estuvieran supeditadas a los intereses de los gobernadores, ni del Poder Ejecutivo Federal. Es decir que generaron una especie de extraterritorialidad dominada por un engendro entre público y privado.

Si bien las actuales 16 Administradoras o Apis que operan en el país son públicas, cuentan con un consejo de administración en el cual están incluidos empresarios y funcionarios públicos. Las APIS además son las encargadas de concesionar espacios y terminales privadas.

Para echar a andar a estas administradoras Carlos Salinas de Gortari designó a Jaime Corredor Esnaola, quien había sido banquero público y quien después se ha convertido en empresario del sector portuario y ferrocarrilero, además de accionista de instituciones financieras públicas. Incluso es mencionado en varias publicaciones como miembro de grupos religiosas de ultraderecha.

Pero concretamente qué sucedió en el puerto de Veracruz. Para empezar hay que señalar que se convirtió en uno de los proyectos prioritarios del expresidente Enrique Peña Nieto. Por eso, precisamente la ampliación de la concesión en los últimos meses de su gobierno.

Pero aún hay más. Es muy probable que el propio Peña Nieto haya negociado con su antecesor, Felipe Calderón, para que uno de sus últimos actos de gobierno fuera eliminar parte de la zona de reserva ecológica de Veracruz, para un proyecto de infraestructura portuaria con un costo de 60 mil millones de pesos.

Concretamente, para la ampliación del puerto, Felipe Calderón, en su último día de gobierno publicó en decreto, mediante el cual autorizó la destrucción de 52 mil hectáreas de uno de los principales arrecifes del país, para beneficiar a las empresas concesionarias de la administración Integral del puerto de Veracruz.

Este decreto modificó la poligonal que abarca el Sistema Arrecifal Veracruzano, por lo que Grupos ambientalistas lo consideeraron como la mayor ecocidio en la historia.

Curiosamente, días antes el secretario del medio ambiente de ese entonces, Rafael Elvira Quesada, había sido el representante presidencial en el informe del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es conocido como uno de los íconos de la corrupción en México.

La ampliación del puerto de Veracruz, la terminal más antigua del país está prevista para que concluya en 2030. El anuncio de la extensión del actual puerto se dio desde 2013 y delineaba, como explicaba hace un momento, inversiones totales de 60 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad, 35 mil provendrían del sector privado.

En noviembre de 2018 se entregó la primera etapa de esta ampliación, que requirió recursos públicos por 31 mil millones de pesos. La promesa fue que las nuevas instalaciones portuarias tendrían capacidad para recibir barcos que no pasan por el Canal de Panamá.

De hecho, la nueva terminal tendrá capacidad de 95 millones de toneladas de carga al año y dentro de la API existen 23 concesionarios de terminales que incluyen a empresas como Hutchison Ports, Icave, Cargill, IEnova, Grupo Pinfra, las empresas ferroviarias y Pemex, entre otras muchas privadas o públicas..

Un dato más que vale la pena mencionar es que hoy, dentro de las actividades relacionadas con el puerto de Veracruz, se construirá el segundo edificio de almacenamiento de vehículos más grande del mundo, que tendrá un área equivalente al tamaño combinado de 30 campos de fútbol.

En síntesis si bien la concesión por 50 años más fue otorgada a una empresa pública, la API de Veracruz, sí es necesario revisar quienes los beneficiarios indirectos y qué tan arraigada está la corrupción en esa institución. Dice el filósofo del metro: En el país del entuerto, no hay nada más cierto que la corrupción en el puerto.

*Comentario para Radio Educación/ 21 de agosto de 2020