El filósofo del metro dice:

La V de Veta o de Venta
es la misma V de Violencia

Aquila, consecuencia de los
cambios al 27 de 1992

Roberto Fuentes Vivar*

Lo que sucedió esta semana en San Miguel Aquila, Michoacán es muy sintomático de lo que pasa en todo el país. En síntesis, el ejército detuvo a 45 miembros de la policía comunitaria y, supuestamente en venganza, los habitantes retuvieron a 66 militares. Posteriormente más de mil soldados, marinos y policías estatales supuestamente pacificaron la comunidad.


El gobernador interino de la entidad, Jesús Reyna desmintió que los militares hubieran sido retenidos, aseguro que el operativo para desarmar a la policía comunitaria había sido un éxito y dijo que en Aquila el problema se debe a las regalías de la mina ubicada ahí explotada por la empresa transnacional Ternium.

Qué ha pasado este año en Aquila. Brevemente una reconstrucción: en enero se realizó una audiencia agraria, en la que Luis Betancourt Sánchez, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38 negó el paso al comisario de bienes comunales, Octavio Villanueva.

En febrero, el mismo Villanueva denunció que Ternium estaba expandiendo la Mina Las Encinas y que no se había consultado a la comunidad, además se denunció que los dictámenes de las autoridades ambientales estaban amañados, pues la minera había contaminado ya el Río Aquila.

Posteriormente en mayo y junio hubo diversos enfrentamientos entre las autoridades comunitarias unas reconocidas y otras no. Unas que apoyan a la mina y otra no. Incluso hubo acusaciones sobre desvío de 100 millones de pesos que había pagado Ternium. También aparecieron encapuchados que eran los mismos dirigentes de la comunidad y que bloquearon caminos en varias ocasiones.

En síntesis, detrás de todo el escándalo de San Miguel Aquila, están los intereses de una empresa minera extranjera. Ternium es una empresa de capital italo-argentina que se instaló en México al adquirir los activos de Hojalata y Lámina, una de las principales empresas del Grupo Monterrey

No es la primera vez que una empresa minera rompe el tejido social de las comunidades en donde se asienta. Tampoco es extraño que las mineras, sobre todo las canadienses, paguen seguridad o formen grupos de seguridad privada en contra de los intereses de la comunidad. Puede afirmarse sin temor a equivocaciones que en territorio nacional hay un ejército conformado por fuerzas armadas que contratan las mineras.

Michoacán no es un hecho aislado, en años recientes hay más de 10 asesinatos y decenas de amenazas de muerte relacionados con las empresas mineras canadienses en Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí o Zacatecas.

La minería, al igual que el petróleo es un fruto del subsuelo mexicano, pero ésta ya ha sido concesionada sobre todo a extranjeros que tienen en sus manos 25 por ciento del territorio nacional. También a extranjeros ha sido concesionada la energía eólica y también hay casos de violencia graves –que incluyen muertos- por la instalación de parques eólicos en Oaxaca o Baja California.

Por eso, ahora que se discute la reforma energética, tanto autoridades como legisladores deben tener en cuenta las consecuencias sobre el tejido social que ha tenido concesionar actividades como la minería y la energía eólica. Aquila es el ejemplo de la ruptura del tejido social, por las reformas al artículo 27 constitucional que se hicieron en 1992.

¿Para que queremos hoy modificar otra vez ese artículo, para que en un futuro las empresas petroleras extranjeras integren sus propios ejércitos en contra de la comunidad? Como dice el filósofo del metro: La UV de Veta y también de Venta es la misma UV de Violencia.

*Comentario para radio educación/16 de agosto de 2013