El filósofo del metro dice:

 Punitivo y prohibitivo 

rara vez dan positivo 

Urge frenar noticias falsas, pero el 

camino  no es legislar difamación

Roberto Fuentes Vivar*

El diputado de Morena Eleazar Rubio presentó formalmente ante la la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para reformar a los artículos 214 y 215 del Código Penal de la capital del país y revivir el delito de difamación con pena de cárcel.

Hay que señalar que este delito fue eliminado del Código Penal precisamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal porque atentaba contra la libertad de expresión.

¿Por qué revivirlo ahora? De acuerdo con la exposición de motivos del legislador capitalino, vivimos en medio de campañas de desinformación y de noticias falsas que afectan a la sociedad y que deben frenarse.

De hecho, el legislador presenta un diagnóstico bien elaborado sobre lo que significan las noticias falsas y la llamada posverdad, con citas académicas y políticas sobre la situación de los medios de comunicación y de las redes sociales.

En lo personal coincido con buena parte del diagnóstico presentado en la exposición de motivos, pues resulta preocupante para la salud de una sociedad la cantidad de noticias falsas que aparecen en las redes sociales de manera cotidiana y las campañas supuestamente anónimas, que intentan generar desinformación, con motivos políticos.

Desde luego que esta situación no es exclusiva de la ciudad de México, sin siquiera del país, sino que, con motivo de la pandemia de Coronavirus,  existe a nivel global una especie de campañas de desinformación que pueden tener como consecuencia el debilitamiento de los gobiernos legítimamente establecidos.

Pero en el caso de México es innegable que existen fuertes campañas de desinformación y de noticias falsas que buscan crear una posverdad basada en la repetición de las mentiras.

Reitero que comparto buena parte del diagnóstico presentado por el legislador de Morena; sin embargo también considero que incurre por lo menos en tres fallas: La primera, que argumenta la existencia de un abuso de la libertad de expresión y del derecho a la información de la sociedad. Y aquí pregunto ¿realmente se puede abusar de la libertad de expresión?

La segunda que intenta legislar sobre la actividad periodística, al afirmar que la función del periodista es hacer del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente, cuyo trabajo consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen” y añade: Por ende “la labor del periodista es exclusiva de informar, no realizar investigaciones”. Entonces ¿en dónde queda el periodismo de investigación, por el que durante décadas hemos luchado varias generaciones de periodistas?

Tampoco coincido con su propuesta concreta para reformar el Código Penal, legislando textualmente lo siguiente:  Comete delito de difamación, quien de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona, comunique un hecho falso, a una o más personas de forma verbal o por cualquier medio de comunicación, y esto le cause o pueda causar a la víctima u ofendida una afectación en su dignidad, honor o reputación, imponiéndole una pena de dos a cinco años y de seiscientas a mil Unidades de Medida y Actualización”.

Estoy de acuerdo con el espíritu de castigar a quien de manera deliberada intente dañar a una persona, Lamentablemente el espíritu prohibicionista de este artículo, creo que podría generar más daño que beneficios a la sociedad.

Y aquí permítanme hacer un comentario de una situación personal, actualmente tengo en mi contra tres demandas en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos. Me refiero a uno de ellos. Hace años publiqué información de un fraude cometido por un empresario, el cual se dirimió en el Tribunal Superior de Justicia de la capital y este empresario estuvo preso. Ahora, que busca hacer alianzas con otros hombres de negocios, intenta limpiar su nombre y eliminar todo su pasado judicial. De hecho la demanda es por haber utilizado su nombre sin su permiso y tengo prohibido difundirlo.

Menciono mi caso particular porque es un ejemplo de cómo personas con mucho dinero, pero pocos escrúpulos, pueden frenar la libertad de expresión y es muy probable que si regresa el delito de difamación nuevamente sean personajes así quienes acudan a los tribunales, afectando a la sociedad y no precisamente frenando las campañas de desinformación.

Tampoco estoy de acuerdo en que, como me decía hace algunos años uno de los principales empresarios mediáticos mexicanos, la mejor ley de prensa es la que no existe.

Considero que es necesario un debate académico y político sobre temas como las noticias falsas, las campañas de desinformación y la llamada posverdad, pero no creo que revivir el delito de difamación sea el camino correcto. Ni tampoco limitar el trabajo del periodismo a informar sin investigar. Dice el filósofo del metro: punitivo y prohibitivo, rara vez dan positivo.

*Comentario para Radio Educación/ 29 de agosto de 2020