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Friday, October 23, 2020

El filósofo del metro dice:

 En México hay un nuevo delito

El entorpecimiento inexplicable


Se unen IP, Corte y Cofetel 

para defender empresarios


Roberto Fuentes Vivar*


Esta semana se registraron varios hechos interesantes que tienen que ver con las relaciones entre la iniciativa privada y la IV Transformación. Dos de ellos son particularmente importantes: el revés que dio la Suprema Corte de Justicia a la política energética y la llamada de atención del gobierno a los bancos por no prestar dinero en esta situación de emergencia.

Pero antes de entrar a detalle de estos dos temas, vale la pena mencionar los otros hechos, como si fuera una obra en cinco actos.

El primer acto es desde luego, la exhibición que se hizo en la mañanera del miércoles de cómo se dispersaron fondos públicos para apoyar a la iniciativa privada. Concretamente, nada más del Conacyt empresas privadas recibieron 41 mil 624 millones de pesos, cifra que significa más de los 29 mil millones de pesos de presupuesto anual del Conacyt. Curiosamente, entre los beneficiarios se encuentran consorcios ligados a dos de los principales opositores a la IV Transformación, Femsa con el dirigente de Frena, Lozano, y Kimberly Clark, con Claudio X González.

El segundo acto tiene que ver precisamente con la conformación del movimiento Si por México (o el partido de los empresarios en eel cual están desde luego X González y Gustavo de Hoyos. Por cierto se anunció que el nuevo presidente de la Coparmex, en lugar de De Hoyos, será José Medina Mora Icaza, quien a través de su empresa, CompuSoluciones,  obtuvo 102 millones de pesos  en 26 contratos con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de los cuales 25 fueron sin licitación.

El tercer acto fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en 2018, para tratar de frenarlo “quienes se sentían dueños de México” llamaron a Carlos Slim para que fuera candidato de unidad es decir del PRI y el PAN, pero el empresario se negó. Curiosamente ese mismo día Slim, proponía ante empresarios españoles aumentar la edad de pensión de 85 a 75 años.

Ya entrando en materia, el cuarto acto se divide en dos escenas. Una cuando el presidente de la empresa energética española, Ignacio Sánchez Galán, amenazó con no emprender nuevos proyectos en México, si el Gobierno no modifica su política energética. La amenaza la dijo al presentar el reporte trimestral del consorcio.

La que respondió de inmediato, el mismo miércoles, fue La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, como haciéndole caso al presidente de Iberdrola, confirmó la suspensión indefinida de la política eléctrica de la IV Transformación.

Concretamente, la Primera Sala de la Corte reiteró la suspensión derivada de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) el 22 de junio de este año. Con ello se frenan los efectos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía (Sener), el pasado 15 de mayo de 2020.

Precisamente esta mañana la secretaria de energía, Rocío Nahle, en una entrevista con Carmen Aristegui, señalaba los pormenores de este caso, en el que por primera vez un organismo autónomo, presumiblemente con el apoyo de las grandes empresas energéticas del mundo, se opone abiertamente a una política del gobierno, para que sea otra instancia, otro poder, el judicial, el que determine el futuro energético del país.

Aquí hay que mencionar que uno de los pilares del cambio de la IV Transformación es precisamente la política energética, para echar atrás una reforma que privilegió a las empresas nacionales para que pudieran, por ejemplo, apropiarse (con prestaciones bajísimas para sus propietarios) de tierras zapotecas en Oaxaca o paipáis en Baja California y construir sus plantas de energía eólica, y de esta manera ir desplazando a la Comisión Federal de Electricidad.

Todavía falta la discusión en el pleno de la Corte, pero el asunto es grave porque demuestra el poder que tienen las grandes empresas, sobre todo transnacionales. Por eso precisamente el presidente de México le respondió ayer  al dueño de Iberdrola que el gobierno no cede a presiones y reiteró la idea de una reforma energética..

El último acto es el jalón de orejar que dio a los banqueros el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA, al exhibir que tienen para prestar 750 mil millones de pesos, pero no los usan. La respuesta de los banqueros fue que los clientes no quieren pedir prestado. Y hoy les respondió el presidente López Obrador, pues “bajen las tasas”. Por cierto que en el evento de BBJA, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí dijo que la iniciativa privada presiona para “movilizar la inversión pública y que crezca del país ¿Por qué no habla de la privada?

Como puede observarse, dos de los sectores estratégicos para la recuperación del país, el energético y el financiero están detenidos. Uno, por la Corte y los empresarios y otro por los banqueros.

Dice el filósofo del metro: En México hay un nuevo delito: el entorpecimiento inexplicable.

*Comentario para Radio Educación/ 23 de octubre de 2020

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