El filósofo del metro dice:
En México hay un nuevo delito
El entorpecimiento inexplicable
Se unen IP, Corte y Cofetel
para defender empresarios
Roberto Fuentes Vivar*
Esta
semana se registraron varios hechos interesantes que tienen que ver con las
relaciones entre la iniciativa privada y la IV Transformación. Dos de ellos son
particularmente importantes: el revés que dio la Suprema Corte de Justicia a la
política energética y la llamada de atención del gobierno a los bancos por no
prestar dinero en esta situación de emergencia.
Pero
antes de entrar a detalle de estos dos temas, vale la pena mencionar los otros
hechos, como si fuera una obra en cinco actos.
El
primer acto es desde luego, la exhibición que se hizo en la mañanera del
miércoles de cómo se dispersaron fondos públicos para apoyar a la iniciativa
privada. Concretamente, nada más del Conacyt empresas privadas recibieron 41
mil 624 millones de pesos, cifra que significa más de los 29 mil millones de
pesos de presupuesto anual del Conacyt. Curiosamente, entre los beneficiarios
se encuentran consorcios ligados a dos de los principales opositores a la IV
Transformación, Femsa con el dirigente de Frena, Lozano, y Kimberly Clark, con
Claudio X González.
El
segundo acto tiene que ver precisamente con la conformación del movimiento Si
por México (o el partido de los empresarios en eel cual están desde luego X
González y Gustavo de Hoyos. Por cierto se anunció que el nuevo presidente de
la Coparmex, en lugar de De Hoyos, será José Medina Mora Icaza, quien a través
de su empresa, CompuSoluciones, obtuvo
102 millones de pesos en 26 contratos con
los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de los cuales 25 fueron
sin licitación.
El
tercer acto fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que
en 2018, para tratar de frenarlo “quienes se sentían dueños de México” llamaron
a Carlos Slim para que fuera candidato de unidad es decir del PRI y el PAN,
pero el empresario se negó. Curiosamente ese mismo día Slim, proponía ante
empresarios españoles aumentar la edad de pensión de 85 a 75 años.
Ya
entrando en materia, el cuarto acto se divide en dos escenas. Una cuando el
presidente de la empresa energética española, Ignacio Sánchez Galán, amenazó
con no emprender nuevos proyectos en México, si el Gobierno no modifica su
política energética. La amenaza la dijo al presentar el reporte trimestral del
consorcio.
La
que respondió de inmediato, el mismo miércoles, fue La Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) que, como haciéndole caso al presidente de
Iberdrola, confirmó la suspensión indefinida de la política eléctrica de la IV
Transformación.
Concretamente,
la Primera Sala de la Corte reiteró la suspensión derivada de la controversia
constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece) el 22 de junio de este año. Con ello se frenan los efectos de la
Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema
Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía (Sener), el pasado
15 de mayo de 2020.
Precisamente
esta mañana la secretaria de energía, Rocío Nahle, en una entrevista con Carmen
Aristegui, señalaba los pormenores de este caso, en el que por primera vez un
organismo autónomo, presumiblemente con el apoyo de las grandes empresas energéticas
del mundo, se opone abiertamente a una política del gobierno, para que sea otra
instancia, otro poder, el judicial, el que determine el futuro energético del
país.
Aquí
hay que mencionar que uno de los pilares del cambio de la IV Transformación es
precisamente la política energética, para echar atrás una reforma que
privilegió a las empresas nacionales para que pudieran, por ejemplo, apropiarse
(con prestaciones bajísimas para sus propietarios) de tierras zapotecas en
Oaxaca o paipáis en Baja California y construir sus plantas de energía eólica,
y de esta manera ir desplazando a la Comisión Federal de Electricidad.
Todavía
falta la discusión en el pleno de la Corte, pero el asunto es grave porque
demuestra el poder que tienen las grandes empresas, sobre todo transnacionales.
Por eso precisamente el presidente de México le respondió ayer al dueño de Iberdrola que el gobierno no cede
a presiones y reiteró la idea de una reforma energética..
El
último acto es el jalón de orejar que dio a los banqueros el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020
de BBVA, al exhibir que tienen para prestar 750 mil millones de pesos, pero no
los usan. La respuesta de los banqueros fue que los clientes no quieren pedir
prestado. Y hoy les respondió el presidente López Obrador, pues “bajen las
tasas”. Por cierto que en el evento de BBJA, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí dijo que la iniciativa privada
presiona para “movilizar la inversión pública y que crezca del país ¿Por qué no
habla de la privada?
Como puede observarse, dos de los sectores estratégicos
para la recuperación del país, el energético y el financiero están detenidos.
Uno, por la Corte y los empresarios y otro por los banqueros.
Dice el filósofo del metro: En México hay un nuevo
delito: el entorpecimiento inexplicable.
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