El filósofo del metro dice:

No te calles; alza la voz:
el secuestro de un país
también es un delito grave

México, secuestrado por
"reformas estructurales"

Roberto Fuentes Vivar*


Esta semana se presentó el tercer informe de gobierno y se instaló la LXI Legislatura. En otras circunstancias estos dos hechos carecerían de trascendencia y sólo servirían para saturar los espacios informativos. Hoy van mucho más allá de la inmediatez por varias razones.
La primera es que el informe presidencial demuestra, una vez más, que estamos inmersos en la mayor crisis económica de la historia. Por eso precisamente la instalación de la LXI Legislatura cobra importancia, a pesar de sus escándalos como el de las juanitas de ayer.
Esta legislatura, por el momento en que se vive tiene una importancia económica singular. Quizá por ello, los líderes de las tres principales bancadas de diputados tienen una formación académica económica.
¿Qué es lo que se va a discutir en las cámaras? En primer lugar el paquete económico para 2010, con el boquete de 300 mil millones de pesos que se requieren para satisfacer las necesidades financieras del sector público.
La propia discusión de este paquete es ya un choque trenes, pues aprobar la iniciativa del Poder Ejecutivo conlleva automáticamente un reforzamiento del actual modelo económico. De hecho, en días recientes se ha presentado una ola de presiones de la iniciativa privada y de corredurías extranjeras, principalmente, para apuntalar este modelo e iniciar las llamadas reformas estructurales.
Estas reformas estructurales, de las que hablan las corredurías, la iniciativa privada y el propio Felipe Calderón, insisten en continuar el mismo rumbo, sin importar las enseñanzas de la crisis, como que fueron precisamente las corredurías, las calificadoras y muchos empresarios globales los que produjeron la crisis que actualmente se vive en el mundo.
El plan oficial insiste en apoyar a las grandes empresas, aumentando impuestos a la mayoría, gravar alimentos y productos básicos, eliminar burocracia, quitar subsidios y subir las tarifas públicas. Es decir lo mismo que se ha ensayado desde hace ya 25 años y que nos ha llevado a ser el país más afectado por la crisis mundial.
Por el otro lado, existe una mayoría social que exige un cambio de modelo económico y que se ha manifestado de diversas formas. Por ejemplo, en las urnas, en donde sólo el 20 por ciento de los votantes en julio pasado avaló el rumbo que sigue el país. Incluso la más reciente encuesta de Mitofsky señala que sólo el 40 por ciento de los ciudadanos considera que el rumbo que sigue el país es el correcto.
Recientemente la experiencia internacional ha demostrado también varios aspectos que deben tomar en cuenta los legisladores. Un ejemplo es que la mayor parte de las naciones que ya han comenzado a salir de la crisis, han elaborado programas que están muy lejanos de reducir el gasto público y sí pugnan por aumentar la capacidad de gasto de la población, aunque se endeuden los gobiernos como es el caso de Estados Unidos.
Incluso, ya muchos empresarios como el mismo Carlos Slim difieren en mucho del discurso oficial y consideran que la única forma de salir de la crisis es apoyar a la sociedad para que pueda reactivar la economía.
El discurso empresarial de que sólo apoyándo a la iniciativa privada se genera empleo y crece la economía, ha quedado obsoleto y muchos empresarios lo rechazan. Por eso esta legislatura tiene en sus manos la oportunidad histórica de realizar un verdadero cambio como lo exige la sociedad. ¿Qué intereses deben defender diputados y senadores, los de calificadoras y corredurías desprestigiadas por la crisis o los de sus votantes? La respuesta es muy clara. Como dice el filósofo del metro: secuestrar un país también es delito. No te calles, alza la voz.

*Comentario para Radio Educación/4 de septiembre de 2009