El filósofo del metro dice:

 

El amparo, para empresas, 

no para los desamparados.

De 4,610 procesos contra los

juzgadores, solo 3 destituidos

Roberto Fuentes Vivar*

A raíz de que un juez otorgó un amparo, para frenar en forma definitiva la Reforma Eléctrica, esta herramienta, el amparo e incluso el papel del Poder Judicial, se han puesto nuevamente en la mesa de debates.

Y sobre este tema hay que pensar en algunas cuestiones filosóficas sobre lo que está pasando en estos momentos relacionado con la actuación de los jueces con relación  la reforma eléctrica.

En primer lugar, creo que vale la pena hacerse varias pregunta ¿es políticamente moral que un juez, nombrado por dedazo y que no representa a nadie, actuar contra un poder ejecutivo emanado del voto y un poder legislativo representante del pueblo por medio del sufragio? ¿No es el Poder legislativo precisamente el que crea ese estado de derecho al hacer leyes con el mandato de los ciudadanos?  ¿No es este caso, el freno de la reforma eléctrica, más que un asunto de división de poderes, un enfrentamiento entre el Poder Económico que se maneja como poder fáctico, apoyado por el Poder Judicial, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo legalmente instituidos?

Y aquí creo que es importante dar a conocer algunos aspectos de la filosofía del amparo, Ni Manuel Crescencio rejón, en la primera mitad del siglo XIX, ni Mariano Otero en la Constitución de 1857 mencionaron como propósito del amparo defender los intereses de las empresas.

Ni siquiera Felipe Calderón en 2011 o Enrique Peña Nieto, en sus respectivas modificaciones a la Ley de amparo, señalaron a las empresas como sujetos de amparo y si se refirieron a esta herramienta como garante de los derechos humanos e individuales de los mexicanos.

Precisamente por todo esto, es importante conocer un poco, cuál es la situación del amparo y del Poder Judicial en su conjunto. En la estadísticas del Consejo de la Judicatura se señala que nada más en los juzgados de distrito (sin contar otras isntancias), se presentan mensualmente en promedio 40 mil juicios de amparo, lo que significa alrededor de 500 mil al año o dos mil por cada día hábil.

Pero paralelamente existe en estos juzgados un rezagado de alrededor de 80 mil juicios de amparo sin resolver. Por eso llama la atención la celeridad con la que actuó el juez Juan Pablo Gómez Fierro para resolver los casos en contra de la Ley Eléctrica.

Otro dato interesante es que en la Suprema Corte de Justicia el 80 por ciento de los juicios de amparo son desechados, sin emitir sentencia, lo que indica que los procesos anteriores, como el del juez Fierro, en su mayoría carecen de fundamento jurídico.

¿Y quiénes son los que presentan amparos? Confieso que no encontré estadísticas al respecto, pero, por una revisión hemerográfica, vi que buena parte de las solicitudes de amparo son presentados por empresas, sujetos a proceso y hasta narcotraficantes. Incluso encontré casos de pesos que se amparan para poder tener revistas pornográficas en su encierro.

Por esta situación, se ha creado en la sociedad una idea de que existen jueces y magistrados corruptos. A respecto, el Censo de Impartición de Justicia Federal, elaborado por el INEGI señala que hay en el Consejo de la Judicatura mil 437jueces y magistrados.

Curiosamente según este documento del INEGI, nada más en 2019, El Consejo de la Judicatura recibió tres mil 602 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, lo que significa que hay proporcionalmente dos quejas por cada juez.

Otro dato que tiene que ver con la posible corrupción, el Consejo de la Judicatura tenía en 2019, cuatro mil 610 casos de Servidores públicos sujetos a procedimientos de responsabilidad, es decir más de tres casos por cada juez.

Claro que estas investigaciones no son precisamente contra jueces, sino, lamentablemente contra trabajadores y rara vez un juez o un magistrado. Concretamente en 2019, de estos más de cuatro mil casos solo hubo 23 inhabilitaciones, nueve suspensiones y solo tres destituciones, dentro de lo que se llama sanciones graves, en un entorno de  47 mil trabajadores del Poder Judicial.

Que significan estos datos, que uno de cada 10 trabajadores del Poder Judicial es sujeto a procedimiento de investigación, pero solo 0.001 por ciento es destituido.

En síntesis, mientras el amparo ha perdido parte de su propósito original, los juzgadores si son investigados, pero raramente sancionados. Dice el filósofo del metro: El amparo es para las empresas, no para los desamparados.

*Comentario para Radio Educación/ 19 de marzo de 2021