El filósofo del metro dice:
Los medios son medios;
pero el fin es la sociedad
La Corte pide cambiar dos leyes
mediáticas impulsadas por EPN
Roberto Fuentes Vivar*
Definitivamente el
papel de los medios de comunicación y de los periodistas se ha colocado en un
lugar relevante dentro de la agenda política nacional, por lo que el Poder Legislativo
tiene en sus manos definir el futuro del sector mediático.
Concretamente existen
cuatro posibles modificaciones a leyes que deberá atender el Congreso de la
Unión en este 2022.
En primer lugar se
encuentra la decisión de la Suprema Corte de Justicia que consideró
inconstitucional la reforma de Enrique Peña Nieto a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017.
Específicamente, pidió
que se reforme esta ley y se incluyan aspectos como que el Estado retome el
papel rector en la salvarguarda del derecho a la información, consagrado
constitucionalmente; que se distinga claramente entre información y opinión; que
los derechos de las audiencias no se normen por los códigos de ética emitidos de manera
arbitraria por las empresas del sector; que el Instituto Federal de Telecomunicaciones
tenga la facultad Constitucional exclusiva de regular todo lo relativo a
derechos de las audiencias y que no se dejen en manos de empresarios algunos de
los derechos que deben ser de la sociedad y no de particulares.
El fallo fue
inmediatamente rechazado por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión
que consideró la sentencia con un ataque a la libertad de expresión, al derecho
a la información y a los derechos de las audiencias, como si los concesionarios
fueran respetuosos con los derechos de las audiencias y el derecho a la
información. La sentencia de la Corte en ningún momento atenta contra la
libertad de expresión pero sí pide velar por los auditorios.
En síntesis, el Poder
Legislativo deberá elaborar una nueva ley que tome en cuenta primordialmente los
derechos de las audiencias y a retomar los Lineamentos sobre esta materia que
había emitido en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Uno de los párrafos de
la ponencia presentada y aprobada señala: Delegar a los concesionarios la
facultad de definir las normas técnicas y operativas que hagan posible la
defensa de los derechos de las audiencias provoca el riesgo de que su
regulación no propicie una deliberación pública plural y de calidad, en detrimento
de los principios que rigen sobre la democracia representativa como son la
libertad de expresión, y el acceso a la información”.
Pero no es la única ley
que deberá modificar el Poder Legislativo con relación a los medios. Desde el
ocho de septiembre, también la Primera Sala de la Corte declaró
inconstitucional la Ley General de Comunicación Social de Enrique Peña Nieto
del 11 de mayo de 2018 y se solicitó que se emitiera una ley antes de que
terminara diciembre de 2021.
Esta ley en la que se
aborda el tema de la publicidad oficial no ha sido revisada por los
Legisladores a pesar de que la Suprema Corte había fijado seis meses para su
presentación. En concreto, en meses recientes, la corte ha declarado inconstitucionales,
dos leyes mediáticas que fueron promulgadas a finales del sexenio de Enrique
Peña Nieto y que deberán rehacerse.
Paralelamente, este
lunes y martes se realizaron las primeras audiencias en la Secretaría de
Gobernación con miras a modificar la Ley de Protección a periodistas y
defensores de derechos humanos. Entre paréntesis te comento que mientras se
analizaban las propuestas en el entorno se dio a conocer el asesinato del
fotoreportero Margarito Martínez en Baja California y se confirmó la muerte en
Veracruz del periodista José Luis Gamboa.
Entre las propuestas
para modificar y ampliar esa ley se encuentran varios puntos interesantes, como
considerar al sector privado como posible agresor de periodistas y defensores
de derechos humanos, elaborar un registro nacional de agresiones y agresores e
incluir los ataques cibernéticos dentro de la legislación.
Otra posible ley que
este lunes será consensuada con reporteros y asociaciones de periodistas, es la
que elabora el senador Emilio Álvarez Icaza sobre los derechos laborales de trabajadores
de los medios, en la que por primera vez se pretende tipificar el periodismo,
se busca federalizar la cláusula de consciencia y se especifican estímulos
fiscales para periodistas y empresas mediáticas.
En síntesis, hay un
coctel de leyes mediáticas que deberá revisar el Poder Legislativo para definir
el sector mediático del futuro.
Dice el filósofo del
metro: El fin es la sociedad, los medios son solo medios.
*Comentario para Radio Educación/ 21 de enero de 2022
posted by filosofodelmetro at 11:26 AM
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