El filósofo del metro dice:

 Punitivo y prohibitivo 

rara vez dan positivo 

Urge frenar noticias falsas, pero el 

camino  no es legislar difamación

Roberto Fuentes Vivar*

El diputado de Morena Eleazar Rubio presentó formalmente ante la la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para reformar a los artículos 214 y 215 del Código Penal de la capital del país y revivir el delito de difamación con pena de cárcel.

Hay que señalar que este delito fue eliminado del Código Penal precisamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal porque atentaba contra la libertad de expresión.

¿Por qué revivirlo ahora? De acuerdo con la exposición de motivos del legislador capitalino, vivimos en medio de campañas de desinformación y de noticias falsas que afectan a la sociedad y que deben frenarse.

De hecho, el legislador presenta un diagnóstico bien elaborado sobre lo que significan las noticias falsas y la llamada posverdad, con citas académicas y políticas sobre la situación de los medios de comunicación y de las redes sociales.

En lo personal coincido con buena parte del diagnóstico presentado en la exposición de motivos, pues resulta preocupante para la salud de una sociedad la cantidad de noticias falsas que aparecen en las redes sociales de manera cotidiana y las campañas supuestamente anónimas, que intentan generar desinformación, con motivos políticos.

Desde luego que esta situación no es exclusiva de la ciudad de México, sin siquiera del país, sino que, con motivo de la pandemia de Coronavirus,  existe a nivel global una especie de campañas de desinformación que pueden tener como consecuencia el debilitamiento de los gobiernos legítimamente establecidos.

Pero en el caso de México es innegable que existen fuertes campañas de desinformación y de noticias falsas que buscan crear una posverdad basada en la repetición de las mentiras.

Reitero que comparto buena parte del diagnóstico presentado por el legislador de Morena; sin embargo también considero que incurre por lo menos en tres fallas: La primera, que argumenta la existencia de un abuso de la libertad de expresión y del derecho a la información de la sociedad. Y aquí pregunto ¿realmente se puede abusar de la libertad de expresión?

La segunda que intenta legislar sobre la actividad periodística, al afirmar que la función del periodista es hacer del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente, cuyo trabajo consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen” y añade: Por ende “la labor del periodista es exclusiva de informar, no realizar investigaciones”. Entonces ¿en dónde queda el periodismo de investigación, por el que durante décadas hemos luchado varias generaciones de periodistas?

Tampoco coincido con su propuesta concreta para reformar el Código Penal, legislando textualmente lo siguiente:  Comete delito de difamación, quien de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona, comunique un hecho falso, a una o más personas de forma verbal o por cualquier medio de comunicación, y esto le cause o pueda causar a la víctima u ofendida una afectación en su dignidad, honor o reputación, imponiéndole una pena de dos a cinco años y de seiscientas a mil Unidades de Medida y Actualización”.

Estoy de acuerdo con el espíritu de castigar a quien de manera deliberada intente dañar a una persona, Lamentablemente el espíritu prohibicionista de este artículo, creo que podría generar más daño que beneficios a la sociedad.

Y aquí permítanme hacer un comentario de una situación personal, actualmente tengo en mi contra tres demandas en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos. Me refiero a uno de ellos. Hace años publiqué información de un fraude cometido por un empresario, el cual se dirimió en el Tribunal Superior de Justicia de la capital y este empresario estuvo preso. Ahora, que busca hacer alianzas con otros hombres de negocios, intenta limpiar su nombre y eliminar todo su pasado judicial. De hecho la demanda es por haber utilizado su nombre sin su permiso y tengo prohibido difundirlo.

Menciono mi caso particular porque es un ejemplo de cómo personas con mucho dinero, pero pocos escrúpulos, pueden frenar la libertad de expresión y es muy probable que si regresa el delito de difamación nuevamente sean personajes así quienes acudan a los tribunales, afectando a la sociedad y no precisamente frenando las campañas de desinformación.

Tampoco estoy de acuerdo en que, como me decía hace algunos años uno de los principales empresarios mediáticos mexicanos, la mejor ley de prensa es la que no existe.

Considero que es necesario un debate académico y político sobre temas como las noticias falsas, las campañas de desinformación y la llamada posverdad, pero no creo que revivir el delito de difamación sea el camino correcto. Ni tampoco limitar el trabajo del periodismo a informar sin investigar. Dice el filósofo del metro: punitivo y prohibitivo, rara vez dan positivo.

*Comentario para Radio Educación/ 29 de agosto de 2020

El filósofo del metro dice:

En el país del entuerto

no hay nada más cierto

que la corrupción en el puerto

El puerto de Veracruz, con 

cientos de irregularidades

Roberto Fuentes Vivar*

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su extrañeza porque, el 6 de julio de 2018, cuatro días después de que ganara la elección presidencial, el gobierno de Enrique Peña Nieto amplió por 50 años más la concesión del Puerto de Veracruz, para que concluya en 2094.

Y lo que más llamó la atención es que el concesionario es nada menos que Juan Ignacio Fernández Carbajal, hermano de José Antonio “El Diablo” Fernández, dueño de FEMSA, quien designado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) como administrador portuario..

Y aquí vale la pena aclarar que la firma del hermano del Diablo Fernández, no es como representante de FEMSA, sino como funcionario público, en cuya gestión al frente del puerto de Veracruz se registraron muchos de los 198 procedimientos de fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación a esa entidad del gobierno federal y concretamente un daño a la hacienda pública por alrededor de 12 millones de pesos, lo cual es una bicoca si se comparan los millones de pesos que utilizan exdirectivos de FEMSA para su Frente Nacional AntiAmlo.

Pero quizá vale la pena comentar cómo funcionan las administradoras portuarias integrales o APIs. Esta figura fue creada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la idea de que los puertos operaran como una especie de entidades autónomas que no estuvieran supeditadas a los intereses de los gobernadores, ni del Poder Ejecutivo Federal. Es decir que generaron una especie de extraterritorialidad dominada por un engendro entre público y privado.

Si bien las actuales 16 Administradoras o Apis que operan en el país son públicas, cuentan con un consejo de administración en el cual están incluidos empresarios y funcionarios públicos. Las APIS además son las encargadas de concesionar espacios y terminales privadas.

Para echar a andar a estas administradoras Carlos Salinas de Gortari designó a Jaime Corredor Esnaola, quien había sido banquero público y quien después se ha convertido en empresario del sector portuario y ferrocarrilero, además de accionista de instituciones financieras públicas. Incluso es mencionado en varias publicaciones como miembro de grupos religiosas de ultraderecha.

Pero concretamente qué sucedió en el puerto de Veracruz. Para empezar hay que señalar que se convirtió en uno de los proyectos prioritarios del expresidente Enrique Peña Nieto. Por eso, precisamente la ampliación de la concesión en los últimos meses de su gobierno.

Pero aún hay más. Es muy probable que el propio Peña Nieto haya negociado con su antecesor, Felipe Calderón, para que uno de sus últimos actos de gobierno fuera eliminar parte de la zona de reserva ecológica de Veracruz, para un proyecto de infraestructura portuaria con un costo de 60 mil millones de pesos.

Concretamente, para la ampliación del puerto, Felipe Calderón, en su último día de gobierno publicó en decreto, mediante el cual autorizó la destrucción de 52 mil hectáreas de uno de los principales arrecifes del país, para beneficiar a las empresas concesionarias de la administración Integral del puerto de Veracruz.

Este decreto modificó la poligonal que abarca el Sistema Arrecifal Veracruzano, por lo que Grupos ambientalistas lo consideeraron como la mayor ecocidio en la historia.

Curiosamente, días antes el secretario del medio ambiente de ese entonces, Rafael Elvira Quesada, había sido el representante presidencial en el informe del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es conocido como uno de los íconos de la corrupción en México.

La ampliación del puerto de Veracruz, la terminal más antigua del país está prevista para que concluya en 2030. El anuncio de la extensión del actual puerto se dio desde 2013 y delineaba, como explicaba hace un momento, inversiones totales de 60 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad, 35 mil provendrían del sector privado.

En noviembre de 2018 se entregó la primera etapa de esta ampliación, que requirió recursos públicos por 31 mil millones de pesos. La promesa fue que las nuevas instalaciones portuarias tendrían capacidad para recibir barcos que no pasan por el Canal de Panamá.

De hecho, la nueva terminal tendrá capacidad de 95 millones de toneladas de carga al año y dentro de la API existen 23 concesionarios de terminales que incluyen a empresas como Hutchison Ports, Icave, Cargill, IEnova, Grupo Pinfra, las empresas ferroviarias y Pemex, entre otras muchas privadas o públicas..

Un dato más que vale la pena mencionar es que hoy, dentro de las actividades relacionadas con el puerto de Veracruz, se construirá el segundo edificio de almacenamiento de vehículos más grande del mundo, que tendrá un área equivalente al tamaño combinado de 30 campos de fútbol.

En síntesis si bien la concesión por 50 años más fue otorgada a una empresa pública, la API de Veracruz, sí es necesario revisar quienes los beneficiarios indirectos y qué tan arraigada está la corrupción en esa institución. Dice el filósofo del metro: En el país del entuerto, no hay nada más cierto que la corrupción en el puerto.

*Comentario para Radio Educación/ 21 de agosto de 2020

 

El filósofo del metro dice:

 En las tasas, el cliente 

paga los platos rotos

¿Cuándo bajarán los 

bancos los intereses?

Roberto Fuentes Vivar*

La Junta de Gobierno del Banco de México redujo ayer en 50 puntos base o medio punto porcentual sus tasas de referencia para ubicarlas en 4.5 por ciento anual.

Si bien el descenso no fue unánime, pues uno de los miembros de la junta votó por una reducción menor, sí existe el consenso de que es el momento de mantener una tendencia a la baja, para favorecer la reactivación económica.

Incluso muchos analistas prevén que en breve el banco central volverá a reducirlas el mes entrante para que en el coto plazo disminuyan hasta a 3.0 por ciento al año, lo que significaría el nivel más bajo de la historia contemporánea.

¿Qué significa la reducción de tasas del Banco de México? Aquí hay que explicar que, en concreto, de una medida de política macroeconómica que se ha mantenido desde hace poco más de un año y que busca tener un efecto positivo al abaratar el crédito para que las empresas y las familias puedan tener mayor acceso al financiamiento.

Por el lado contrario, el aspecto negativo es que se deja de premiar a los inversionistas que buscan mayores intereses para su capital. Por eso es previsible que grandes inversionistas puedan buscar otros mercados en donde se pague más por ejemplo en los bonos gubernamentales.

Y aquí entra una pregunta muy concreta ¿Qué se necesita más en estos momentos, premiar a los inversionistas con altas tasas o abaratar el crédito en una crisis en la cuál el financiamiento será la base para la reactivación de la economía?

La mayor parte de los miembros de la Junta de Gobierno y de los economistas se decantan por la segunda opción, es decir bajar las tasas para que las empresas y las familias puedan obtener préstamos baratos para salir de la crisis en que nos encontramos.

Pero ¿en qué beneficia a la gente de a pie esta baja de tasas del Banco de México? Y aquí es donde nos encontramos, con un bache, pues los bancos no han respondido a la baja de intereses con sus clientes con la celeridad con la que lo ha hecho el banco central.

Es cierto que ya se comienza vislumbrar una guerra por bajar las tasas bancarias en algunos segmentos. Por ejemplo ayer Santander y Mazda firmaron un acuerdo para estimular la venta de autos. Las tasas que se ofrecen para adquirir vehículos de esa empresa automotriz serán hasta de seis por ciento. Creo, sin temor a equivocarme que se trata de la más baja desde que se ofrecen créditos automotrices.

Paralelamente, en el sector hipotecario se ofrecen tasas hasta de siete por ciento para la adquisición de vivienda, la cual también es la más baja de la historia.

Lamentablemente, los bancos continúan con su política de cobrar intereses a tasas de 40 o 50 por ciento, o hasta más en otros créditos al consumo como son los de tarjeta de crédito. Es ahí en donde la banca no ha tenido la suficiente solidaridad con sus clientes, porque en esta época de contingencia millones de familias están viviendo gracias al llamado dinero de plástico.

Otra de las cuestiones que vale la pena analizar es si esta baja en las tasas de interés, la cual repito, ha sido constante desde hace más de un año ha ocasionado un aumento en los créditos. La respuesta es contundente, definitivamente no.

Una muestra es que, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al cierre del primer semestre demuestra que la cartera de crédito de los bancos en vez de crecer se reduce. Y nada más en el mes de junio descendió en 50 mil millones de pesos.  Incluso en tarjeta de crédito la reducción fue de casi 30 mil millones de pesos en un año.

Paralelamente sí hay visos de que se están pidiendo más créditos para la reactivación económica, pues en un año la cartera comercial creció en 100 mil millones de pesos y a las empresas aumentó en 150 mil millones de pesos.

Pero en términos generales, la baja en la cartera de los bancos ocasionó que se redujeran sus ingresos por cuotas y tarifas, por intermediación financiera y por intereses, lo que a su vez redundó en  una reducción de 36 por ciento en sus ganancias.

Ojo. Esto no quiere decir que los bancos hayan dejado de ganar, sino que sus utilidades en el primer semestre fueron menores a la de hace un año, pero llegaron a la nada despreciable cantidad de 54 mil millones de pesos. Y muchos analistas consideran que esta disminución de sus ganancias se debe a que crearon más reservas ante una posible ola de moratorias por la pandemia.

En síntesis, el Banco de México reduce sus tasas para que haya un financiamiento más barato para las familias y las empresas, pero los bancos parecen no hacer un esfuerzo por replicar esta baja en sus clientes, salvo en algunos segmentos como el automotriz o el hipotecario.

Creo que ya es el momento que la banca comercial haga un esfuerzo para solidarizarse con la sociedad y repercuta en sus clientes la baja en las tasas de interés. Por el bien de México. Dice el filósofo del metro: en las tasas el cliente paga los platos rotos.

*Comentario para Radio Educación/ 14 de agosto de 2020

El filósofo del metro dice:

Progreso: ¡Cuántas barbaridades

se han cometido en tu nombre!

Glifosato, yaquis y la ley oaxaqueña 

anti-refrescos, en el centro del debate

Roberto Fuentes Vivar*

Esta semana se registraron en nuestro país tres noticias que aparentemente no tienen que ver nada entre sí, pero que de alguna manera ponen a debate uno de los grandes temas que seguramente serán motivo de profundos análisis cuando se termine la pandemia a nivel global y se sienten los líderes globales a planear el futuro.

Se trata de un tema vital para el futuro no solo de nuestro país, sino del planeta ¿hasta dónde el progreso entre comillas es conveniente cuando se trata solamente de acumular ganancias y atenta contra pueblos enteros o contra sectores específicos afectando la cultura y la salud de millones?

Concretamente me refiero a tres temas concretos que causaron polémica: la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador de ayer con los gobernadores de los ocho pueblos yaquis, la ley que aprobaron en Oaxaca para prohibir la productos chatarra en la niñez de ese estado y las diferencias entre los secretarios del medio ambiente y agricultura por el uso de un insecticida.

Este último caso solo lo menciono porque ya hablaron de él en este mismo noticiario. Sin embargo vale la pena comentar con algunos detalles los otros dos.

Vamos primero con el caso de Oaxaca que fue la primera entidad del país en limitar el consumo de productos chatarra en menores de edad. Los legisladores, a propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) avalaron el artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico.

Esta ley pionera, la cual seguramente será replicada en otras entidad, como Tabasco que ya anunció una legislación similar, fue propuesta en el contexto de la actual pandemia que ha ocasionado ya la muerte de 50 mil mexicanos, la mayoría de estos fallecimientos esta asociada a la mala alimentación y al consumo de productos chatarra..

Y aquí vale la pena preguntarnos si la supuesta modernización que implica la comida chatarra es realmente un símbolo de progreso ¿es progreso que los camiones de Coca-Cola o de Sabritas lleguen hasta los rincones más apartados de la zona triqui de Oaxaca o a la región zapoteca? personalmente creo que no y por eso precisamente este caso va más allá de una prohibición y llega al fondo de un asunto crucial para la sociedad mexicana ¿Qué tipo de desarrollo queremos?

Vamos al tercer tema de esta semana: la reunión de ayer del presidente con la tribu yaqui. En primer lugar hay que señalar que pedir perdón por parte del gobierno mexicano significa un acto de justicia por las atrocidades que se cometieron por más de 500 años.

Hay que recordar que, precisamente en aras de un supuesto progreso, Porfirio Díaz promovió que miles de rebeldes yaquis fueran enviados como esclavos a las haciendas henequeneras de la Península de Yucatán para fortalecer una industria que en ese momento era sinónimo de modernidad entre comillas, como lo narró John Keneth Turner en su México Bárbaro.

Pero más recientemente, en la segunda mitad del siglo XX y durante los dos sexenios pasados, los yaquis fueron víctimas, primero, del despojo de tierras que pasaron a manos de ganaderos y agricultores privaod. Posteriormente parte de sus tierras fueron traspasadas como concesiones, a grupos mineros.

Ya en este siglo hay dos megaobras en las que, sin su consentimiento y nuevamente en aras de un supuesto progreso o de una modernización entre comillas, los yaquis fueron afectados en su patrimonio: el acueducto Independencia y el gasoducto que pasa por su territorio.

Del primer caso hay que recordar que fue planeado por el exgobernador Guillermo Padrés y concertado con Felipe Calderón primero y con Enrique Peña Nieto después. Su idea llevar el líquido a empresas como Ford, Apasco y Big Cola, quitándole el agua precisamente a los pueblos yaquis. El caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia y muchos de sus opositores, como Tomás Rojo y Mario Luna fueron encarcelados, en una de las más recientes ignominias cometidas contra los yaquis.

El caso del gasoducto proyectado por la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), es interesante porque las obras llevan meses detenidas y el gobierno tiene que pagar grandes cantidades a esa empresa por la paralización. Por eso el presidente ayer propuso que se construya el gasoducto sin pasar por las tierras yaquis.

Nuevamente en este caso, en el que el presidente creo una comisión de justicia para el pueblo yaqui que buscará soluciones sin afectar el patrimonio e este grupo indígena, vuelve la pregunta ¿Es conveniente que en aras de la supuesta modernización, del progreso entre comillas o de la simple acumulación de ganancias, se afecte el patrimonio de los pueblos originarios?

En síntesis, creo que uno de los temas para debatir en el futuro, una vez que pase l pandemia es ¿qué es lo que quiere México y que es lo que quiere la humanidad? ¿Una modernidad que destruya o un desarrollo equilibrado? Dice el filósofo del metro: Progreso, cuántas barbaridades se han cometido en tu nombre.

*Comentario para Radio Educación 7 de agosto de 2020