El filósofo del metro dice:

Papel políticamente 
correcto no deja 
de ser solo papel


Insólita cancelación de un
contrato por parte de AMLO


Roberto FuentesVivar*

Algo insólito sucedió hoy porque por primera vez en la historia contemporánea un presidente de la República pidió, para evitar conflicto de intereses, cancelar un contrato que favorece a su compadre.

Concretamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al contrato por casi 226 millones de pesos otorgado a BioPappel para surtir la materia prima para la elaboración de los libros de texto gratuitos.

Incluso dijo que si legalmente no es posible cancelarlo, pedirá al presidente del Consejo de Administración de esa empresa, su compadree Miguel Rincón Arredondo, que renuncie a ese contrato ganado bajo licitación pública legal.

Al referirse al dueño de Biopappel dijo: “Es mi compadre. Es mi amigo. Fue de los empresarios que, a pesar de la guerra sucia emprendida por otros, él se mantuvo respetuoso con nuestro movimiento y por ello Quiero dar a conocer a los mexicanos de que voy a pedir a la instancia correspondiente del gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia. No sólo somos honestos. Queremos que se sepa, que no quede ninguna duda, de nuestra integridad”.

Al respecto hay que señalar dos cosas que sucedieron en el país en semanas ecientes. El 17 de marzo de este año se dio a conocer que López Obrador fue el padrino de bautizo de la hija de Miguel Rincón Arredondo.

Sin embargo, menos de un mes después, el 12 de abril, en su conferencia de prensa mañanera, López Obrador dijo que los productores de papel se estaban poniendo de acuerdo para encarecer el precio para los libros de texto. “No vamos a aceptar eso, si es necesario se abre la compra a proveedores internacionales, pero se acabó la corrupción en obras y en adquisiciones, era mucho el abuso” dijo.

Y ayer el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer el contrato para BioPappel. Y hoy el presidente pidió que eché para atrás ese contrato. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Antes de responder a esa pregunta, hay que mencionar que la empresa de Rincón Arredondo es casi la única capaz de cumplir un contrato de tal magnitud.

Históricamente, hasta finales del siglo pasado, todo el papel para los libros de texto era producido por empresas paraestatales como Productora e Importadora de Papel (PIPSA) y Fábrica de papel Tuxtepec, que fueron privatizadas por los gobiernos priistas.

Las familias Rincón Arredondo y Vázquez Raña fueron directa e indirectamente, luego de varias operaciones, de las principales beneficiarias de esta privatización y controlan alrededor del 80 por ciento de la producción nacional de papel para libros y periódicos. De hecho, en 2014, Biopappel adquirió la papelera Scribe que era propiedad de Kimberly Clark, la empresa del eterno opositor a López Obrador, Claudio X. González, con lo que fortaleció su presencia en el mercado.

Ahora, además de las empresas de Rincón, Vázquez Raña y González, se encuentra Copamex, la empresa de Juan Bosco Maldonado, con capacidad de surtir la demanda de papel para los libros de texto.

Regresando a la pregunta ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta medida de López Obrador de cancelar el contrato con Biopappel? Una de ellas, es que tras la licitación ahora se tenga que adquirir más caro el papel con otra de las empresas que participaron en el concurso; otra que podría recurrirse, como lo amenazo el presidente el 12 de abril, a una licitación internacional en la que se encuentren precios más bajos; una tercera es que el contrato, más caro, quede en manos de uno de los enemigos del movimiento de López Obrador. Otra más podría ser que se negocie con las empresas que participaron para que reduzcan el precio. Esta última podría ser la solución más adecuada.

Por cierto que otro de los puntos interesantes relativos a los libros de texto gratuitos es que la impresión este año se pulverizará entre cientos de empresas y dejará de ser negocio anual de muchos periódicos que prácticamente vivían de los contratos. Uno más es que además de las empresas privadas contratadas en la impresión se encuentran los talleres gráficos de la Nación, los de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y los de la Editorial Progreso que son empresas públicas, lo que permitirá ahorros al utilizar la infraestructura propia del estado.

Las licitaciones son uno de los temas más sensibles del gobierno López Obrador y deben de tratarse con pinzas, para evitar suspicacias. Ahora en el caso del papel el compadrazgo se convirtió en el enemigo de una posible operación con ahorros. ¿Qué sucederá al cancelarse el contrato? Dice el filósofo del metro: el papel políticamente correcto no deja de ser papel.

*Comentario para Radio Educación/ 26 de abril de 2019

el filósofo del metro dice:

Libre de mercantilismo
debe ser el periodismo 

Esta semana, el periodismo
fue noticia de primera plana

Roberto Fuentes Vivar*

Esta semana el periodismo se convirtió en noticia de primera plana y fue uno de los principales personajes de la agenda nacional.

Antes de explicar a detalle lo que sucedió en la semana, permítanme dar un ejemplo de la importancia del periodismo en la historia: fueron los periodistas de hace dos mil años, los que informaron a Pilatos sobre la existencia de un líder opositor y también fueron los que inclinaron la balanza para que Jesús fuera crucificado. Cien años después del hecho, fueron periodistas que hicieron la crónica y escribieron los evangelios que hoy nos permiten tener este viernes como día de asueto.

Ya en el México de nuestros días, el viernes pasado se registró el encuentro-desencuentro entre el periodista Jorge Ramos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual el conductor de noticias estadounidense insistió en propagar que los homicidios van en aumento, aunque sus datos decían todo lo contrario. No consiguió obtener una noticia, sino que él mismo se convirtió en noticia y se produjo un show periodístico que todavía se comenta en redes sociales.

El lunes, el presidente presentó su lista de las gasolinerías que venden más caro y más barato y en la misma conferencia pidió prudencia a los periodistas porque ni no ya saben lo que pasa, les dijo, haciendo referencia a cómo en las redes sociales se había desacreditado a Jorge Ramos.

Pero los reporteros curiosamente no se quedaron callados ni pasivos, sino que hicieron periodismo y el martes en los diarios daban cuenta de que muchas de que muchas de las gasolinerías baratas que habían enlistado el día anterior estaban cerradas desde hace varios meses.

El miércoles, el presidente López Obrador y el director de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, presentaron la nueva política de comunicación social tanto en conferencia de prensa, como en los lineamientos aparecidos en el Diario Oficial.

Y ayer la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su clasificación Mundial 2019 de la Libertad de Prensa, en la cual México aparece como el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, al ubicarse en el lugar 144 del mundo y con la indicación de semáforo en rojo.

Aquí vale la pena señalar que en la clasificación hay tres países americanos ubicados peor que México, Cuba (169), Venezuela (148) y Honduras (146). Sin embargo, Reporteros Sin fronteras considera que aunque en ellos hay más riesgos para la Libertad de Prensa, el territorio mexicano es más peligroso que en ellos.

Cada uno de estos temas, merece por sí sólo un análisis, pero por su importancia me referiré con más amplitud al caso de los lineamientos de comunicación social que fueron presentados anteayer.

En primer lugar, esta nueva política incluye varios elementos que podrían considerarse como un avance para transparentar las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación, bajo un marco en el cual se elimina la ley no escrita que existía en los anteriores gobiernos en el sentido de que para obtener recursos publicitarios del gobierno había que Hablar bien del presidente. Concretamente se señala textualmente en uno de los apartados que queda prohibido hacer uso del presupuesto asignado a publicidad para presionar, castigar, premiar o coaccionar a comunicadores o medios. Igualmente, queda prohibida la aplicación de recursos públicos para pagar notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos.

Concretamente hay varios puntos que llaman la atención de estos lineamientos:

Uno de ellos es que el presupuesto para publicidad del gobierno en este año será de Cuatro mil 711 millones de pesos, cifra que representa la mitad del gasto ejercido en la administración de Enrique Peña Nieto.

Otro es que se eliminan los contratos anuales que hacían en el pasado.

Un punto más es que se regresa al uso del llamado tiempo oficial en los medios concesionados, los cuales prácticamente habían desaparecido en los anteriores gobiernos.

También se indica que ningún medio de comunicación podrá concentrar más del 25 por ciento del total, lo que permitirá mayor equidad en la aplicación del presupuesto.

Uno más de los puntos importantes que no se contratarán empresas ni agencias para contratar publicidad, ni para producir materiales, sino que esto último, la producción, se hará directamente a través de la infraestructura que poseen los medios públicos.

Si bien es cierto que como lo dice la organización Artículo 19, los lineamientos son insuficientes porque no se deroga  la Ley General de Comunicación Social”, conocida “Ley Chayote”, aprobada en el sexenio pasado, en términos generales los lineamientos  representan un avance para transparentar las relaciones entre el sector público y los medios.

Lamentablemente sí es previsible que en los medios continúen los despidos y las reducciones en las prestaciones laborales. Dice el filósofo del metro: El periodismo sin aspavientos está libre de libre de mercantilismo.

*Comentario para Radio Educación/19 de abril de 2019

El filósofo del metro dice:

Paseo de la Reforma tiene
carriles de ida y vuelta; la
mitad solo te lleva, no te trae

La reforma laboral, positiva, 
pero tiene algunas carencias

Roberto Fuentes Vivar*

Finalmente ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma Laboral que será o fue ya enviada al Senado de la República.

Sin embargo, el dictamen aprobado aún no es definitivo y todavía faltan muchas discusiones en el Poder Legislativo para que se consoliden las 535 de los mil 10 artículos de la Ley Federal del Trabajo.

De hecho quedaron pendientes 104 reservas que tendrán que discutirse en forma particular.

Como está prevista y a reserva de que aún se hagan cambios al dictamen tanto en la cámara baja por los artículos en reserva, como en el Senado de la república, puede afirmarse que las modificaciones cumplieron tres objetivos:

1.- Generar una mayor transparencia tanto en los sindicatos como en los organismos laborales, incluyendo aquí la creación de nuevas instancias que sustituyan a las juntas de conciliación y arbitraje.

2.-Cumplir con los compromisos adquiridos durante las negociaciones con Estados Unidos y Canadá y que se encuentran en el nuevo tratado trilateral, el cual aún está pendiente de aplicación sobre todo porque el presidente estadounidense Donald Trump ha retrasado su ratificación.

3.- Adecuar las leyes mexicanas al capítulo 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado por México apenas en septiembre pasado, a pesar de que está vigente hace más de 60 años a nivel global, y que se refiere a la libertad sindical y al derecho de sindicalización de los trabajadores y a la negociación colectiva.

En estos tres puntos el dictamen aprobado de la reforma laboral sí muestra avances en favor de los trabajadores y permite abrir las puertas para una nueva transparencia en materia de sindicatos, con la posible desaparición de los sindicatos de protección, blancos, charros y fantasmas.

En este sentido vale la pena mencionar que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido modificado en 27 ocasiones y la última reforma en favor de los trabajadores y no de las empresas se realizó en 1982.

A pesar de estos avances, la nueva reforma tiene muchas carencias, porque no entra de lleno a resolver los graves problemas que enfrenta el mercado laboral mexicano.

Por ejemplo, no se mencionan obligaciones para que los empresarios formalicen a sus trabajadores y les paguen prestaciones. En este sentido, hay que señalar que actualmente aproximadamente el 60 por ciento de los trabajadores se encuentra en la informalidad, mientras que sólo el 10 por ciento está sindicalizado.

Esto significa que los avances sobre la libertad sindical solo van a repercutir en uno de cada 10 trabajadores mexicanos, mientras que el 90 por ciento restante seguirá en la informalidad o con las modalidades que han adoptado los empresarios y el sector público de contratar empleados por la vía de los contratos por honorarios. Nada más hay que señalar que en el más reciente informe del Servicio de Administración Tributaria se registra que hay 26 millones de mexicanos como personas físicas, que son los que trabajan por honorarios y carecen de prestaciones sociales a pesar de estar en la formalidad.

Otra de las graves ausencias es que en el dictamen se dejó sin legislar el caso de la subcontratación u outsourcing, sistema en el cual laboran uno de cada cuatro trabajadores mexicanos. Y este caso es tan grave que en las discusiones de la reforma un legislador denunció que la subcontratación afecta no solo a empresas sino a Palacio Nacional y al propio Poder Legislativo.

Una más de las ausencias es que la reforma no incluye a los trabajadores que se encuentran bajo el apartado B del artículo 125 constitucional. Es decir a los trabajadores del estado. Esto significa que el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y los Poderes Legislativo Judicial pueden seguir manejando con cierta discrecionalidad las relaciones con sus trabajadores.

En síntesis, la reforma sí cumple con el objetivo de sr una especie de contrarreforma a las modificaciones que se hicieron en años anteriores y de transparentar la operación de los trabajadores, los sindicatos y las instancias mediadoras en conflictos obrero-patronales, pero tiene muchas carencias que ojalá sean corregidas en las discusiones posteriores, antes de si aprobación final. Dice el filósofo del metro: Paseo de la Reforma tiene carriles de ida y vuelta. La mitad solo te lleva pero no te trae.

*Comentario para Radio Educación/12 de abril de 2019