El filósofo del metro dice:

Los defraudados, quebrados
y los pillos en la abundancia

Con el escándalo de la Libertad
hay que investigar los fraudes 

Roberto Fuentes Vivar*

Con la detención del abogado Juan Collado ha comenzado a destaparse una cloaca en la que presuntamente estarían involucrados personajes como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, a decir del empresario defraudado Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien ha sido uno de los declarantes en la investigación de la Fiscalía General de la República.

Y uno de los nombres que está presente, como institución principal de todos estos enjuagues la Caja de Ahorros la Libertad o Servicios Financieros Libertad, quizá el organismo más antiguo en su tipo porque fue creado en 1960 y en años recientes e ha convertido en la Sociedad Financiera Popular más poderosa del país con el 36 por ciento del valor de todo el sector, membresía de 2.1 millones de clientes y activos por 11 mil 757 millones de pesos.

Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades y concretamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y precisamente uno de los personajes involucrados en toda esta trama es Jaime González Aguadé, quien fue el presidente de esa comisión durante el gobierno de Peña Nieto y en 2014 exoneró a La Caja Libertad de lavado de dinero para convertirse, ahora en consejero de esa institución financiera.

Por todo esto vale la pena analizar dos puntos: el primero, referente al papel que han jugado los presidentes de esa institución desde su creación en 1995. El segundo acerca de los defraudados por este tipo de instituciones.

Podría decirse que la Comisión nació podrida, pues su primer presidente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, fue Eduardo Fernández García, quien fue detenido en 2003, por la Unidad Especializada en Lavado de Dinero (UELD), por estar involucrado en la opacidad financiera para la campaña presidencial de Vicente Fox. este personaje supuestamente recibió 100 millones de pesos para limpiar  las posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en las elecciones del año 2000. Su abogado fue nada menos que Juan Collado.

El segundo presidente fue Jonathan Davis Arzac, quien encubrió muchos de los fraudes que se trasladaron como deudas al Fobaproa, y dejó que prescribieran más de 421 presuntos delitos bancarios. Además se negó a entregar información sobre el famoso PemexGate, que involucraba al líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, cuyo abogado ha sido Juan Collado.

El tercero fue Roberto del Cueto Legaspi, quien duró poco tiempo porque se fue al Banco de México. El cuarto fue   Guillermo Babatz, quien justificó el escándalo de HSBC, al no denunciar penalmente a funcionarios del banco inglés. Según el la Comisión y sus empleados solo recurrieron a faltas administrativas. Además solapó el caso del chino Zhenly Ye Gon, aquel del coopelas o cuello. Es decir que Jonhatan Davis parecía hacer caso a la frase del escritor Armando Ramírez, fallecido ayer, que tanto es tantito.

 A él lo sustituyó Jaime González Aguadé, quien duró casi todo el sexenio pasado y en 2014 eximió a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros de los señalamientos de lavado de dinero, cuando esta Sociedad financiera era de los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio y se presentó el caso de Oceanografía. González Aguadé renunció para incorporarse a la campaña de José Antonio Meade a la pesidencia de la República el año pasado.

Posteriormente hubo otros dos directores que duraron menos de un año hasta que llegó el actual, Adalberto Palma, quien ojalá modifique la política de esta comisión que se dedicó a exonerar a los defraudadores y a desproteger a los defraudados.

Hay casos muy conocidos como el de Ficrea conocidos como el de Ficrea, cuyo propietario, para evadir un juicio, hace unos días desde Estados Unidos, ofreció entregar 131 inmuebles y más de un millón de dólares. También están los de Sefise, Coofia, y hasta el más reciente de Proyecto Coincidir, que afectó a 33 mil 175 clientes.

Es prácticamente imposible conocer el número de personas que han sido defraudadas por las sociedades financieras popular, como las cajas de ahorro o sofipos o por las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No reguladas (Sofomes).

Hace cuatro años, durante un foro en el Senado se concluyó que se desconoce el número de afectados por fraudes debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no cuenta con un censo confiable y no sabe lo que está pasando, pero se calculó que el monto defraudado podría superar los 25 mil millones de pesos, por parte de dos mil financieras defraudadoras.

Nada más en Oaxaca, en donde existe un Frente Único de Ahorradores Defraudados, se calcula que hay 400 mil personas afectadas y se han detectado 83 instituciones financieras que han abusado de sus clientes.

Ahora con todo el escándalo de Collado y la Libertad, sería deseable que Adalberto Palma, extreme la vigilancia en las Sofipos y Sofomes y retome el caso de los defraudados, porque como dice el filósofo del metro: los defraudados, quebrados, y los pillos en la abundancia.

*Comentario para Radio Educación/ 12 de julio e 2019

El filósofo del metro dice:

Andando la carreta se
acomodan las calabazas

El sabotaje empresarial
a la economía nacional 

Roberto Fuentes Vivar*

Ayer el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el empresario Alfonso Romo, dijo que las cifras del trimestre que concluyó el domingo pasado no serán positivas como se esperaba. Y argumento como motivos el impacto de la política fiscal y monetaria restrictivas y la presión de las calificadoras.

Desde luego descartó la posibilidad de una recesión y fue muy cauto en sus opiniones. Incluso señaló que entre abril a junio hubo varios desencuentros entre la iniciativa privada y gobierno, por el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y la revisión de cláusulas en contratos de  la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo consideró que las reuniones con el sector empresarial son muy positivas, aunque se tengan puntos de vista diferentes. De hecho según sus palabras la iniciativa privada y el gobierno siguen en luna de miel y se encaminan hacia el matrimonio.

La realidad es que las cifras sí muestran una desaceleración de la economía, pero no una recesión. Incluso, como lo he comentado aquí en varias ocasiones, las estadísticas son ambivalentes y hasta contradictorias en muchos casos.

Por ejemplo, ayer se dio a conocer la confianza de los consumidores en la economía del país, que retrocedió en junio por cuarto mes consecutivo. Este índice, medido por el INEGI y el Banco de México cayó en junio 0.6 por ciento respecto a mayo. Esa noticia, la caída, aparece en primera plana en muchos diarios. Pero si se analiza a fondo puede observarse que el indicador está muy por arriba del nivel de hace un año o de noviembre pasado.

Paralelamente, esta mañana el INEGI dio a conocer que la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de Construcción, registró un avance en términos reales de 2.5 por ciento durante abril de este año frente marzo, aunque en su comparación anual descendió 2.4 por ciento. Esto indica que hay menos inversión que hace un año, pero más que al término del primer trimestre del año.

Otro indicador que reportó el INEGI esta mañana es el del Consumo Privado en el Mercado Interior que aumentó 1.3 por ciento en abril con relación a marzo. Incluso el consumo en Bienes de origen importado creció 5.3 por ciento y los de origen nacional subieron 0.5 por ciento con respecto al mes previo. En este caso, la comparación anual es positiva, pues indica que el consumo privado en abril fue 1.4 por ciento mayor al del mismo mes de 2018.

En resumidas cuentas, todas las cifras y estadísticas se mantienen con altibajos durante el segundo trimestre de este año, al que se refería Alfonso Romo. Y aquí vale la pena mencionar un aspecto que definitivamente, no menciona el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, pero que sí denunció el presidente de la república en su informe a un año de haber ganado las elecciones: el sabotaje legal, al que se enfrenta su gobierno.

¿Puede un gobierno crecer a un ritmo considerable cuando todos los proyectos y planes son boicoteados por grupos de poder como la iniciativa privada y algunas organizaciones no gubernamentales?

Es cierto como dice Romo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el empresariado van de la mano, pero, por cuando salen de Palacio Nacional, muchos empresarios ya están planeando como frenar los planes de la Cuarta Transformación.

Por ejemplo el sabotaje legal se ha visto de manera concreta en proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y hasta en la insurrección policiaca que se registra desde el miércoles.

Detrás de muchos de los amparos (también de que han presentado los policías federales despedidos) hay organizaciones no gubernamentales que son apoyadas por la iniciativa privada.

Nada más para reafirmar esta tesis, hay que señalar que dentro del motín policiaco están ONGS como Ciudadanos Uniformados, Construyamos Seguridad y Familias Unidas, las cuales mantienen vínculos con la asociación civil Causa en Común, la cual se encuentra detrás de muchos de los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía y es apoyada financieramente por organismos empresariales

Esto se llama boicot o para decirlo en palabras de López Obrador, sabotaje legal. De hecho, ningún presidente en la historia contemporánea se había enfrentado a tal conspiración al inicio de su sexenio. ¿Puede la economía crecer cuando existe un complot de esa magnitud? Como dice el filósofo del metro recordando un viejo refrán: andando la carreta se acomodan las calabazas.

*Comentario para Radio educación/5 de julio e 2019