El filósofo del metro dice:

El daño colateral
puede llevar al funeral

Contaminación radiactiva
en la lucha antinarco

Roberto Fuentes Vivar*

El gobierno mexicano recibió ayer dos llamados de atención. Uno del Departamento de estado estadounidense y otro de Amnistía Internacional. En ambos casos se denuncian graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército como consecuencia de la lucha antidrogas.

La secretaria de Relaciones Exteriores y la de Gobernación emitieron anoche un comunicado trataron de aminorar el impacto negativo resaltando los esfuerzos del gobierno para preservar las garantías individuales, mientras que Felipe Calderón insiste en que no modificará su política a pesar de las acusaciones internacionales.

Lo curioso es que mientras el Departamento de estado estadunidense denunciaba los abusos y amnistía internacional mencionaba 12 mil asesinatos sin resolver, en el estado de México se presentaba un caso en el que policías confundían un campamento de niños con una casa de narcotraficantes y casi aprehenden a 40 niños del colegio americano.

Mucho se ha hablado de las diversas violaciones a los derechos humanos que las fuerzas armadas y la policía realizan como parte de la lucha antidrogas. Déjenme mencionar un caso más que ha sido poco explorado, pero que puede traer gravísimas consecuencias, la contaminación radiactiva que producen los retenes policiacos.

Concretamente, en La Secretaria de Seguridad Pública instaló desde hace un año un retén cercano a Matehuala, San Luis Potosí en la carretera 57, en el cual los conductores, junto con los vehículos son obligados a pasar a través de un arco de rayos gamma.

A partir de entonces, los trabajadores de una empresa cementera sometidos diariamente a la radiación comenzaron a padecer diversas enfermedades. La empresa, Cementos Moctezuma contrató a una empresa certidicada en servicios especializados de radiación, Tecnuclear.

El resultado fue que, como el retén utiliza material radioactivo cobalto-60 con radiación electromagnética, los trabajadores enfrentan graves problemas por contaminación radiactiva, lo que pone en peligro su salud.

Textualmente las conclusiones del estudio indican que los trabajadores “reciben dosis crónicas que superan los límites permisibles y que, de acuerdo a datos de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones, puede inducir enfermedades malignas.”

Cementos Moctezuma pidió oficialmente, con los resultados del estudio, a la Secretaría de Seguridad Pública la eliminación del retén o el cambio de tecnología de detección de drogas. La oficina de Genaro García Luna respondió que no, porque el retén es de interés público.

Ante la negativa de la Secretaría de Seguridad Pública, la empresa cementera presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el folio 25183, buscando que emita una recomendación de retiro del retén.

Este caso, documentado, tiene varios aspectos de interés. Uno de ellos es que por primera vez se trata el caso de cómo las radiaciones de los retenes pueden afectar a personas que nada tienen que ver con la lucha antidrogas y que puede tener consecuencias futuras graves, por la alta contaminación radiactiva que generan.

Otro punto es que por primera vez una empresa privada presenta una denuncia contra el gobierno mexicano por violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores. Vale la pena preguntar ¿en cuántos lugares no estará sucediendo lo mismo? Como dice el filósofo del metro: El daño colateral también amerita funeral

*Comentario para Radio Educación/25 de mayo de 2012

El filósofo del metro dice:

Si no cumplen su obligación,
mejor presenten su renuncia

Muertes de periodistas
por el vacío de poder

Roberto Fuentes Vivar*

Lo que ha sucedido esta semana en México demuestra que en nuestro país persiste simple y llanamente la Ley de la Selva.


Al asesinato hace unos días de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, se sumó ayer el de otras cuatro personas relacionadas con el periodismo, curiosamente, el día en que se celebraba el Día la Libertad de Prensa.

Estas cinco muertes de periodistas en menos de cinco días merecen no sólo la condena unánime, sino una exigencia social de que se aclaren los hechos que enrojecen, lastiman y laceran al gremio periodístico.

Precisamente por el día de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras reportó que este año ha sido asesinado un periodista cada cinco días en el mundo. Esta cifra suena ridícula ante lo que sucede en México en donde fueron asesinados cinco periodistas en menos de una semana.

También por el día de Libertad de Prensa, la agrupación internacional Freedom House, presentó su informe en el que califica a México dentro de los países “no libres” para el ejercicio periodístico.

El representante del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia, también dijo el periodismo en México atraviesa una de las perores situaciones del planeta, agravada por los asesinatos de esta semana.

Valga la pena comentar que México se sumó a celebrar el día de la Libertad de Prensa el 3 de mayo hace apenas 11 años, a raíz de que el panismo comenzó a gobernar el país. Desde entonces, han sido asesinados más de 80 periodistas y ha existido una política de desprecio al periodismo.

¿Por qué precisamente aparecen cuatro periodistas asesinados o personas relacionadas con el periodismo, en el día de la libertad de prensa y en medio de una campaña electoral?

En principio podría pensarse que se trata de un mensaje del mal llamado crimen organizado a los aspirantes a la presidencia de la República para recordarles que además del poder legalmente constituido existen los poderes fácticos que también toman decisiones.

De ser así, la situación es doblemente grave, pues indica que existe una situación de ingobernabilidad no sólo en Veracruz, sino en todos los estados en que han sido asesinados periodistas. Es decir que no se trata de un poder fáctico con alcance local, sino con trascendencia nacional.

Y aquí vale la pena preguntarnos concretamente ¿quién gobierna este país? La respuesta definitivamente no es satisfactoria para el poder ejecutivo federal, pues ni Felipe Calderón, ni la secretaría de Gobernación, ni la Procuraduría General de la República, han sido capaces de frenar la ola de violencia contra el gremio periodístico.

Lamentablemente los poderes fácticos –lo mismo los ilegales como el narcotráfico que los establecidos como las cadenas mediáticas- han asumido cada vez más fortaleza política y económica, ante la actitud de sumisión de las autoridades.

El ejemplo más claro es el del debate entre los candidatos presidenciales a celebrarse el domingo. En este caso los poderes fácticos como las televisoras y sus filiales como la Federación Mexicana de Futbol, impusieron su dominio sobre el Poder Ejecutivo Federal, pues la secretaría de Gobernación tiene la atribución de programar una cadena nacional si así lo considera conveniente. Pero pesa más un balón que la posibilidad de crear conciencia ciudadana.

Definitivamente, la Ley de la selva o como dice el filósofo del metro: autoridad de no cumple, que mejor renuncie.

*Cometario para Radio Educación/4 de mayo de 2012

El filósofo del emtro dice:

Poder y dinero
asfixian la ética

Comprar conciencias,
escándalo tras el debate

Roberto Fuentes Vivar*

En horas recientes y como consecuencia del debate presidencial del pasado domingo, se han presentado varias situaciones inéditas que vale la pena comentar en toda su magnitud y más allá del calor de la contienda electoral.


Se trata concretamente de cómo utilizó Enrique Peña Nieto el gasto público para promover su imagen y convertirse en candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.

En primer lugar, ayer se registró una confrontación entre Héctor Aguilar Camín y Jenaro Villamil en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, en la que el origen del enfrentamiento es el dinero que presupuestó Televisa para apoyar al entonces gobernador del estado de México.

A esta confrontación se sumó hoy la noticia del periódico Reforma en la que se indica que Enrique Peña Nieto gastó 32.3 millones de pesos, para apoyos informativos en estaciones de radio y concretamente en noticiarios como el de Joaquín López Dóriga y Oscar Mario Beteta, dos de los programas noticiosos con mayor audiencia en la República Mexicana.

La confrontación entre Aguilar Camín y Jenaro Villamil resulta enriquecedora por muchos aspectos. En primer lugar porque se trata de una especie de choque de trenes entres dos formas de hacer periodismo. Concretamente Televisa contra Proceso.

Otro aspecto que llama la atención es ¿Porqué Televisa no respondió hace cinco años o en las incontables publicaciones que ha hecho Jenaro en Proceso desde entonces y que incluso forman parte de su libro el sexenio de Televisa?. ¿Porqué, si no es verdad lo que ha publicado por Villamil, se tardo hasta ahora, cuando falta poco más de un mes para las elecciones, para tratar de explicar o desmentir la información?

Un aspecto que, más allá de las generalizaciones políticas, llama la atención es el periodismo en sí mismo. Las frases utilizadas por Aguilar Camín para intentar desacreditar a Villamil, son por lo menos risibles: “tu papelito”, “tu credencialita de Proceso” e incluso cayó en algo más grave como afirmar: “tú no te has ganado el derecho a mantener tus fuentes en secreto”.

Estas afirmaciones dan cuenta de una especie de realidad no escrita en la que según la óptica de algunos existen periodistas de primera y de segunda. Los de primera, desde luego, son los de Televisa. Los de segunda, el resto de los comunicadores. La noticia aparecida hoy en Reforma, obtenida mediante la Ley de Transparencia, confirma que los periodistas de primera son, por ejemplo Joaquín López Dóriga u Oscar Mario Beteta.

Mirando el fondo del asunto, lo que está en el fondo de los dos casos, es la forma en que el televidente o el radioescucha son engañados de manera permanente al recibir publicidad disfrazada de información. Estoy de acuerdo con Aguilar Camín en que no hay ilegalidad en ese hecho, pero también con Jenaro Villamil en que hay un fuerte engaño al televidente o radioescucha.

Lamentablemente no hay una legislación al respecto y sólo a través de un escándalo como el actual, puede crearse conciencia entre el auditorio de que mucha de la información que recibe es propaganda.

Recuerdo que hace ya más de 30 años diarios como el Día y posteriormente UnomásUno y La Jornada diferencaban diferenciar con cursivas cuando se trataba de publicidad o se incluían las letras IP (Inserción pagada) en los textos publicitarios, para respetar al lector.

Esto no se hace en los medios comerciales audiovisuales, en donde tampoco hay una línea divisoria entre patrocinios, menciones o comentarios y las ventas de publicidad que hacen los ejecutivos de las empresas.

Ojalá el escándalo suscitado por las millonadas gastadas por Peña Nieto sirva para desnudar una práctica común que no es otra cosa que manipulación informativa. Ojalá también sirva para que en un futuro se transparenten los medios y puedan cumplir con el derecho a la información consagrado constitucionamente.

El peligro que veo de estos escándalos es que en un futuro los personeros de personajes como Enrique Peña Nieto se erijan en colegio de periodistas para imponer sus propias normas. Como dice el filósofo del metro: En periodismo, el poder y el dinero asfixian a la ética.

*Comentario para Radio Educación/ 11 de mayo de 2012