El filósofo del metro dice:

 La seguridad es prioridad

lo de más es lo de menos

Asesinan a otro periodista en 

medio del relevo en la SSPC

Roberto Fuentes Vivar*

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y propuso como sucesora  a Rosa Icela Rodríguez, quien es actualmente la coordinadora de Puertos y marina Mercante.

Pero curiosamente, en el momento en el que el presidente acepta la dimisión y se comienza a difundir la carta de renuncia de Durazo, se registra un nuevo asesinato a un periodista. Se trata de Arturo Alba Medina, de Telediario en Multimedios Televisión quien según las primeras indagatorias fue ultimado, a balazos, luego de haber participado en su noticiario nocturno en Ciudad Juárez.

Durazo, quien dimitió para contender por la gubernatura de Sonora, estado vecino a Chihuahua, en donde se registró el asesinato del periodista Alba Medina, señala en su carta que “hemos ido dejando paulatinamente atrás los días más negros de la inseguridad. Nuestro país registra ya una disminución sensible en 13 de los 17 rubros de la incidencia criminal que afectan más directamente a la población, como robo de vehículos y a casas habitación, secuestro, asalto a transeúntes, entre otros.

Menciona que en 2019 se logró un punto de inflexión en el número de homicidios dolosos y asegura que el crimen organizado ha sido privado de lo que hasta hace poco se había considerado su territorio; hemos despojado a los grupos criminales de su capacidad para retar al Estado mexicano.  Ello no significa, dice,  que no enfrentemos problemas con las organizaciones criminales, significa tan solo que su capacidad es ahora insuficiente para retar al Estado.

Lamentablemente, la muerte del periodista desmiente que el crimen organizado haya dejado de considerar su territorio a buena parte del país y confirma que, por lo menos en el caso de los asesinatos a comunicadores no se ha logrado revertir o atenuar ese delito.

De hecho, en Chihuahua, suman 23 periodistas asesinados desde el año 2000, incluyendo en más mediático de todos, el de Miroslava Brecht, la corresponsal de la Jornada en el estado, en el cual el gobierno local ha hecho poco o nada para su esclarecimiento.

En general, los números de los periodistas asesinados no son uniformes, pues algunas organizaciones nacionales o extranjeras dan cifras que a veces no coinciden con otras. Sin embargo, puede señalarse que en este año, a pesar de la pandemia, han sido asesinados seis periodistas. El anterior a Alba fue el periodista Valdivia de Córdoba en Veracruz.

En lo que va de este sexenio han sido victimados 18 comunicadores y en los más recientes 20 años, 152. Si se analizan las cifras puede observarse que sí hay una ligera reducción en el número en este año. Sin embargo el asesinato del periodista Alba en Ciudad Juárez, parece enviar un mensaje en el sentido de que no debe cantarse victoria, en uno de los delitos que más daña la imagen de las autoridades, precisamente por su exposición mediática.

Y aquí vale la pena hacer una reflexión ¿a quién corresponde la investigación de los asesinatos de periodistas?  Se trata en términos generales de un delito del fuero común, es decir de las autoridades locales en donde se cometió el homicidio salvo en los casos en que son atraídos por el fuero federal.

De acuerdo con diversas investigaciones, alrededor del 90 por ciento de los asesinatos a comunicadores permanece bajo la jurisdicción de las autoridades locales y estatales y menos del 10 por ciento han sido investigados por el fuero federal.

Lamentablemente, los organismos internacionales de periodistas y muchos  nacionales de escasa representatividad, atribuyen la responsabilidad al gobierno federal y concretamente al presidente de la República. Incluso algunas de estas organizaciones globales parecen estar más enfocadas a intentar desaparecer las conferencias de prensa mañaneras porque según ellas ahí se estigmatiza a los comunicadores, que a presionar porque se esclarezcan los asesinatos.

En este entorno resulta interesante que el presidente haya nominado a Rosa Icela Rodríguez como sucesora de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad, pues ella como periodista de origen puede tener una mayor sensibilidad para atender los casos, federales, de asesinatos de periodistas.

Nada más sobre este nombramiento vale la pena mencionar un dato curioso: en 1997 el también periodista Eduardo Huchim, escribió una novela, creo que es la única, llamada Las Conjuras y editada por Grijalbo Mondadori. En ella, hace 23 años, prevé el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República y menciona precisamente a Rosa Icela Rodríguez, en la novela creo que secretaria del medio ambiente,  como posible heredera de la silla presidencial.

En fin, ojalá la llegada una periodista a la secretaría de Seguridad, sí ayude a sensibilizar sobre los asesinatos a comunicadores, porque definitivamente se ha convertido en un delito altamente nocivo para la salud política de México y para las autoridades federales, es decir la Fiscalía general de la República y las locales, poco han hecho para el esclarecimiento de los casos.

Dice el filósofo del metro: la prioridad es la seguridad, lo demás es lo de menos.

*Comentario para Radio Educación/ 30 de octubre de 2020

El filósofo del metro dice:

 En México hay un nuevo delito

El entorpecimiento inexplicable

Se unen IP, Corte y Cofetel 

para defender empresarios

Roberto Fuentes Vivar*

Esta semana se registraron varios hechos interesantes que tienen que ver con las relaciones entre la iniciativa privada y la IV Transformación. Dos de ellos son particularmente importantes: el revés que dio la Suprema Corte de Justicia a la política energética y la llamada de atención del gobierno a los bancos por no prestar dinero en esta situación de emergencia.

Pero antes de entrar a detalle de estos dos temas, vale la pena mencionar los otros hechos, como si fuera una obra en cinco actos.

El primer acto es desde luego, la exhibición que se hizo en la mañanera del miércoles de cómo se dispersaron fondos públicos para apoyar a la iniciativa privada. Concretamente, nada más del Conacyt empresas privadas recibieron 41 mil 624 millones de pesos, cifra que significa más de los 29 mil millones de pesos de presupuesto anual del Conacyt. Curiosamente, entre los beneficiarios se encuentran consorcios ligados a dos de los principales opositores a la IV Transformación, Femsa con el dirigente de Frena, Lozano, y Kimberly Clark, con Claudio X González.

El segundo acto tiene que ver precisamente con la conformación del movimiento Si por México (o el partido de los empresarios en eel cual están desde luego X González y Gustavo de Hoyos. Por cierto se anunció que el nuevo presidente de la Coparmex, en lugar de De Hoyos, será José Medina Mora Icaza, quien a través de su empresa, CompuSoluciones,  obtuvo 102 millones de pesos  en 26 contratos con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de los cuales 25 fueron sin licitación.

El tercer acto fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en 2018, para tratar de frenarlo “quienes se sentían dueños de México” llamaron a Carlos Slim para que fuera candidato de unidad es decir del PRI y el PAN, pero el empresario se negó. Curiosamente ese mismo día Slim, proponía ante empresarios españoles aumentar la edad de pensión de 85 a 75 años.

Ya entrando en materia, el cuarto acto se divide en dos escenas. Una cuando el presidente de la empresa energética española, Ignacio Sánchez Galán, amenazó con no emprender nuevos proyectos en México, si el Gobierno no modifica su política energética. La amenaza la dijo al presentar el reporte trimestral del consorcio.

La que respondió de inmediato, el mismo miércoles, fue La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, como haciéndole caso al presidente de Iberdrola, confirmó la suspensión indefinida de la política eléctrica de la IV Transformación.

Concretamente, la Primera Sala de la Corte reiteró la suspensión derivada de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) el 22 de junio de este año. Con ello se frenan los efectos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía (Sener), el pasado 15 de mayo de 2020.

Precisamente esta mañana la secretaria de energía, Rocío Nahle, en una entrevista con Carmen Aristegui, señalaba los pormenores de este caso, en el que por primera vez un organismo autónomo, presumiblemente con el apoyo de las grandes empresas energéticas del mundo, se opone abiertamente a una política del gobierno, para que sea otra instancia, otro poder, el judicial, el que determine el futuro energético del país.

Aquí hay que mencionar que uno de los pilares del cambio de la IV Transformación es precisamente la política energética, para echar atrás una reforma que privilegió a las empresas nacionales para que pudieran, por ejemplo, apropiarse (con prestaciones bajísimas para sus propietarios) de tierras zapotecas en Oaxaca o paipáis en Baja California y construir sus plantas de energía eólica, y de esta manera ir desplazando a la Comisión Federal de Electricidad.

Todavía falta la discusión en el pleno de la Corte, pero el asunto es grave porque demuestra el poder que tienen las grandes empresas, sobre todo transnacionales. Por eso precisamente el presidente de México le respondió ayer  al dueño de Iberdrola que el gobierno no cede a presiones y reiteró la idea de una reforma energética..

El último acto es el jalón de orejar que dio a los banqueros el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA, al exhibir que tienen para prestar 750 mil millones de pesos, pero no los usan. La respuesta de los banqueros fue que los clientes no quieren pedir prestado. Y hoy les respondió el presidente López Obrador, pues “bajen las tasas”. Por cierto que en el evento de BBJA, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí dijo que la iniciativa privada presiona para “movilizar la inversión pública y que crezca del país ¿Por qué no habla de la privada?

Como puede observarse, dos de los sectores estratégicos para la recuperación del país, el energético y el financiero están detenidos. Uno, por la Corte y los empresarios y otro por los banqueros.

Dice el filósofo del metro: En México hay un nuevo delito: el entorpecimiento inexplicable.

*Comentario para Radio Educación/ 23 de octubre de 2020

El filósofo del metro dice:

 

México no debe ser un país 

con empresarios de primera 

y consumidores de tercera.

Los mexicanos merecemos respeto

Roberto Fuentes Vivar*

Esta semana se presentaron tres buenas noticias para el consumidor mexicano o dos noticias malas y una buena, si se refiere uno al distanciamiento de la iniciativa privada y la IV Transformación.

La primera notica, es, desde luego, la que se ha llamado “la guerra de los quesos”, mediante la cual la secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor emitieron una orden, con una consecuente carta a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y departamentales, para sacar de los anaqueles y  suspender de manera inmediata la comercialización de productos denominados como “queso” y “yogurt natural” que incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas.

Concretamente, las autoridades, para evitar el engaño a los consumidores mexicanos, y con el fin de proteger sus derechos, prohibieron la comercialización de más de 20 productos denominados como “queso”, de 19 marcas, y dos productos denominados como “yogurt natural”. Además se anunció que impondrán multas a los infractores de conformidad con lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en los productos denominados como “queso” los principales incumplimientos detectados fueron: utilizar la leyenda “100% leche”, sin serlo; adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración; proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como “Contenido Neto”; y no informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de queso.

De manera inmediata, cientos de trabajadores de las empresas afectadas se pusieron a reetiquetar estos productos para que pudieran ser comercializados y cumplieran, de manera improvisada las normas mexicanas.

Algo muy interesante es que si se analizan las marcas mencionadas, más de la mitad son producidas o importadas por dos grandes empresas que pertenecen a dos ramas de la misma familia: más de la mitad pertenecen (o tienen sociedades comunes) con dos ramas de una misma familia:Garza (de los descendientes de Eugenio Garza Sada.

Grupo Alfa de la familia Garza Sada, a través de Sigma Alimentos, tiene nada menos que 13 marcas de quesos y lácteos, con casi un centenar de presentaciones (Fud, Nochebuena, La Villita, Franja, Yoplait, entre otras), mientras que Grupo Xignux, de la familia Garza Herrera, a través de Qualtia Alimentos, tiene siete marcas de quesos (Zwam, Caperucita, Buen Pastor, Alpino y Sargento, entre otras). Además estas dos familias maquilan productos de marca propia de tiendas de autoservicio como Selecto Brand (de Chedrahui), Precissimo (de Soriana) y algunas de WaltMart o  Aurrerá. Incluso también participan de manera indirecta en la distribución de quesos extranjeros como Galbani.

Pero esta es una de las tres noticas que mencioné al principio. la otra es que el Servicio de Administración Tributaria ha puesto especial énfasis en vigilar más las importaciones e incluso en obligar a las empresas que viven del comercio exterior a pagar impuestos (se calcula que hay tres mil empresas que falsean documentos de importación) y cumplir las normas locales podrían conducir a que México deje de consumir productos de segunda o de tercera categoría.

Desde luego que la iniciativa privada en las restricciones a las importaciones y la guerra de los quesos, montó el cólera e inmediatamente ha protestado, acusando al gobierno de actuar de manera irresponsable y hasta de frenar inversiones. Parece ser que los empresarios están empecinados en que los consumidores mexicanos consuman productos de cuarta o de quinta categoría.

Paralelamente, la tercera noticia es que dos legisladores de Morena, uno en el senado, Gerardo Novelo en el Senado e Iván Pérez Negrón en la Cámara de Diputados propusieron modificar la forma en que se cobra el IESP actualmente a las bebidas alcohólicas. La buena noticia en este caso es que la mayoría de los empresarios de este sector apoyan los cambios porque dejarían e producirse en México e importarse bebidas de calidad dudosa y se obligaría al mercado a comercializar productos de mayor calidad, además de que se cobrarían más impuestos. Los únicos que se oponen a estas modificaciones son las dos grandes cerveceras (Heineken y Modelo) que en volumen representan más del 90 por ciento del mercado actual y en facturación también concentran buena parte de las ganancias de todo el sector.

Uno de los legisladores propone cobrar un peso adicional por lata de cerveza, lo que generarían 20 mil millones de pesos al fisco, pero al mismo tiempo se crearía un piso parejo para todos los paricipantes, incluso los productores de cerveza artesanal y bebidas mexicanas como tequila, mezcal, charanda, sotol o bacanora.

Los organismos que están de acuerdo con la medida, como el Consejo Regulador del Mezcal, Asociación Nacional de las Denominaciones de Origen, la  Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM),  la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores (Andivyl), la Alianza Nacional por un Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas, el  Consejo Mexicano Vitivinícola, la Asociación de Cervereceros (acermex) y

Asociación de Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas, consideran que con las modificaciones al IESP se beneficiaría al consumidor al tener bebidas de mayor calidad. Pero las dos cerveceras se oponen.

Creo, sin temor a equivocarme, que es la primera vez que empresarios mexicanos están de acuerdo con la IV Transformación, aunque se opongan las empresas transnacionales.

Dice el filósofo del metro: México no debe ser un país con empresarios de primera y consumidores de tercera.

*Comentario para Radio Educación/ 16 de octubre de 2020

El filósofo del metro dice:

 A estas  alturas hay 

que crear el fideicomiso

para complicación de 

asuntos sencillos

Urge analizar los casi 440

fideicomisos con opacidad

Roberto Fuentes Vivar*

Si algo caracterizó a esta semana fue el debate sobre los 109 fideicomisos que pueden desaparecer y cuya extinción fue aprobada por la Cámara de Diputados hace unos días, para que se discuta ahora en el Senado de la República.

Sin embargo, más allá de esos 109 fideicomisos por los que algunos se rasgaron las vestiduras en su defensa, mientras que otros votaron su desaparición sin estudiar a fondo el caso, existen muchos otros que definitivamente necesitan ser evaluados.

Para comenzar lo primero que los mexicanos debemos saber es cuántos fondos o fideicomisos del sector público existen, pues parece ser que nadie se pone de acuerdo y según la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), se manejan con entera opacidad.

En este sentido, la auditoria señala que “la opacidad en el manejo de los recursos en fondos y fideicomisos se debe a que sus operaciones son confidenciales y, una vez que entran a las cuentas en los bancos que los han administrado, el dinero se considera como ejercido y, aunque son revisados por la propia auditoria, la información disponible no es desagregada”.

Un documento que ayer presentó la bancada de Morena en la cámara de diputados expone que durante el sexenio pasado, hasta 2018 se acumularon 835 mil millones de pesos en 374 fideicomisos federales existentes, que de acuerdo que significaron 15.8 por ciento del PIB de ese año. Incluso se detalla que 92 por ciento de esos recursos no cuentan con controles de vigilancia.

Ahí se mencionan 374 fideicomisos federales, mientras tanto el INAI en un estudio al respecto señala que recibió en un año 13 mil 823 solicitudes ingresadas para 395 fondos y fideicomisos sin estructura en 2019. Ahí hay otra cifra.

El propio INAI, al exponer uno por uno de los fondos y fideicomisos menciona 355 y especifica que el año pasado recibió  343 recursos de revisión para sujetos obligados relacionados con los fideicomisos.

Se trata pues de una especie de danza de los miles de millones de pesos que se manejan con total opacidad, en la cual operan lo mismo el Gobierno federal, los gobiernos estatales e incluso el Poder Judicial y los organismos autónomos.

El INAI en otra parte de su estudio hace una división, en distintos grupos temáticos, de 384 fideicomisos y fondos públicos de la Administración Pública Centralizada, al igual que aquellos pertenecientes al poder Judicial y a los organismos autónomos. Incluso habla de 304 fideicomisos sin estructura, 25 mandatos y 7 análogos.

Tan solo en el poder judicial existen 12 fideicomisos con 24 mil millones de pesos y en los organismos autónomos hay ocho con 17 mil millones de pesos. Y aquí vale la pena comentar uno de los casos más criticados, por la incongruencia que revisten.

En la semana apareció en las redes sociales una información en la cual se hablaba de un fideicomiso para construir y mantener las casas de los jueces. En efecto, el Consejo de la Judicatura Federal administra cuatro fideicomisos con saldo de  mil 896 millones de pesos destinado al mantenimiento de casas de jueces y magistrados, además del  pago de pensiones de funcionarios en retiro.

Ayer, en la Cámara de Diputados surgió también el nombre de otro Fideicomiso, denominado “Vamos México” que según se lee en La Jornada, tuvo como meta desviar recursos públicos procedentes de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para beneficiar a la fundación civil creada por la esposa del entonces presidente (Vicente Fox Quesada), Martha Sahagún.

Asi hay muchos. Por ejemplo, el “Mandato para la administración de los recursos del Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe” que tiene asignado un presupuesto de 578 millones de pesos. o el “Fideicomiso para el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera”, con un total de mil 259 millones de pesos o el “Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios” con 141 millones de pesos. Está también el “Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de Mipymes y Emprendedores” con mil 933 millones de pesos. Incluso existen varios fideicomisos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para apoyar a su personal de confianza o para pagar abogados.

Y aquí vale la pena preguntar ¿es necesario un fideicomiso para las señalizaciones de trenes cuando los ferrocarriles son privados y deberían estar obligados a poner sus señales o para financiar la promoción del acceso al financiamiento cuando los créditos los ofrecen Nafin o Bancomext, o crear una situación de privilegio para trabajadores bancarios o financiar a la iniciativa privada?

Pero quizá la información más relevante es el documento de la ASF  que indica que, tan solo en 2017 los fideicomisos gastaron 267 mil 900 millones más de lo autorizado por el Congreso, sin justificación explícita.

En fin se trata de una verdadera danza de los miles de millones de pesos que se manejan en la opacidad total. Dice el filósofo del metro: a estas alturas hay que crear un fideicomiso para la complicación de asuntos sencillos.

*Comentario para Radio Educación/ 9 de octubre de 2020